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La crisis del coronavirus ha frenado en seco la tendencia descendente que desde hace cuatro años experimentaban los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos. Su récord histórico se produjo en mayo de 2015 impulsado por la recesión iniciada en 2008, y disparó ... el número de titulares hasta los 66.373. El pasado febrero, sin embargo, la cifra se había desplomado ya a 52.240, gracias en gran parte a la recuperación económica. Pero desde marzo la RGI ha vuelto a crecer y en este tiempo son ya más de mil las nuevas familias que han empezado a percibirla, sobre todo en abril, que contabiliza casi el 90% del incremento.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal califica de «muy leve» este aumento, pero reconoce que la demanda aumentará. La incógnita es cuánto. Porque, como ocurrió con la crisis de hace una década, los efectos reales sobre esta prestación de la tormenta económica que se ha desatado en todo el mundo se dejarán notar «más a largo plazo».
Beatriz Artolazabal
La cifra de perceptores, 53.274 a finales de abril, «sigue siendo baja», insiste la propia responsable autonómica. Aunque también advierte que habrá que ver cómo evoluciona la situación. Lo peor parece estar por llegar. No en vano, esta prestación es la «última red» de apoyo a las personas con dificultades económicas, y no hay que olvidar que en la actualidad gran parte de los parados que se está cobrando la crisis del Covid-19 cobra prestaciones por desempleo.
En todo caso, Artolazabal subraya que la RGI es un derecho subjetivo, lo que significa que «todas las demandas que se realicen van a ser atendidas». Es decir, nadie se quedará sin la ayuda si cumple los requisitos para recibirla. «Por ese lado, no tenemos ninguna dificultad, tendremos que sacar los recursos de donde sea para poder atender todas estas necesidades», garantiza.
Prueba de que por el momento la estabilidad de la RGI no peligra es que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales no ha aumentado las partidas que destina a esta prestación y a las ayudas públicas para pagar el alquiler de una vivienda, que este año suman en conjunto 450 millones de euros. Artolazabal sí recuerda que ya se ha tenido que aumentar en 16 millones la partida reservada a las ayudas de emergencia social (AES) y en otros 15 millones adicionales las de conciliación. La consejera, en ese sentido, se declara consciente de que «ningún sistema de protección puede cubrir la totalidad de las necesidades», pero remarca que el modelo vasco «funciona» y ha habido «capacidad de reacción».
Según los datos del propio departamento, además de un incremento del número de titulares de la RGI, en abril aumentó el de beneficiarios, ya que además de los perceptores la ayuda cubre las necesidades del resto de miembros de la unidad convivencial. Así, la cifra se duplica y son casi 2.000 las nuevas personas atendidas, que superan ya las 95.000 en el conjunto de Euskadi: seis de cada diez en Bizkaia, un 24% en Gipuzkoa y un 16% en Álava.
Actualmente, uno de cada cuatro titulares son pensionistas, un colectivo que en el último año se ha reducido un 0,6%. Dos de cada cinco perceptores están en paro, uno de cada cinco tiene un trabajo precario y más de la mitad (29.771) son unidades familiares que, según apuntan las mismas fuentes, no reciben otros ingresos.
La cuantía media de la RGI en Euskadi es de 690 euros. Cifra que, en todos los casos, se puede incrementar con otros 250 euros si percibe la prestación económica de vivienda como ayuda para pagar el alquiler, algo que en abril cobraron 25.000 personas, casi el 47 % de los beneficiarios de renta de garantía.
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690 euros es la cuantía media que perciben los beneficiarios de la RGI, cantidad a la que se pueden sumar 250 para el alquiler.
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