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El Gobierno vasco mostró este martes una leve autocrítica por la actuación policial ante el asesinato machista que se produjo en Vitoria el pasado 27 de mayo. Diez días después del crimen, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, reconoció que hubo una «concatenación ... de errores de comunicación entre instituciones» que impidieron que se evitase la muerte de Maialen, una vitoriana de 32 años embarazada de gemelos y madre de una niña de 3 años. Su expareja, que tenía una orden de alejamiento y que la Ertzaintza había comprobado en enero que solía incumplirla, le habría asestado varias puñaladas. La Guardia Civil de la Comunidad Valenciana, que fue la que trasladó en un coche patrulla a esta mujer a Vitoria para poner distancia con su expareja, había adjudicado a Maialen la máxima protección al considerar que se exponía a un «riesgo extremo» de ser asesinada. La Ertzaintza cambió ese criterio y rebajó su seguridad al considerar que había un riesgo mínimo.
Erkoreka, que como portavoz del Ejecutivo vasco compareció tras el Consejo de Gobierno, reconoció que los mecanismos de la Ertzaintza fallaron, pero que no fueron los únicos. El dirigente nacionalista subrayó que otras administraciones tampoco llegaron para salvar la vida de la víctima. «La Ertzaintza revisa sus protocolos para mejorar el funcionamiento y para ser más eficaces en la defensa de las mujeres maltratadas, pero hay errores de otras instituciones que deben ver dónde mejorar». Una afirmación que apuntaría hacia el sistema judicial y que contrasta con el discurso que mantuvo el vicelehendakari el lunes 29 de mayo, en el que exculpó a la Policía autonómica y achacó el crimen a que la propia Maialen había asegurado a los agentes que no «veía riesgo» y que quería mantener la relación con quien sería su verdugo.
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David González / Ainhoa de las Heras / David S. Olabarri y Antonio Santos
El también consejero de Seguridad volvió, no obstante, a respaldar la labor de la Ertzaintza. Reiteró que la Policía autonómica tuvo contacto con el caso en enero, cuando Maialen «todavía no residía en Vitoria y se encontraba solo de visita, a pesar de lo cual se le abrió un expediente de violencia de género, y se le hicieron las entrevistas pertinentes».
«La Ertzaintza cumplió la labor que le correspondía y que podía llevar a cabo en ese momento», insistió, para apuntar que, a partir del 18 de mayo, cuando la mujer fue trasladada por la Guardia Civil a la capital alavesa, trabó de nuevo contacto con la Policía autonómica «y se trató de determinar el nivel de riesgo en el que se encontraba». Entonces no se tuvo en cuenta el «riesgo extremo» de ser asesinada con el que le habían valorado en el Levante. Un agente vasco le sometió a las veinte preguntas que contempla el protocolo, metió sus respuestas en un ordenador –se contestan con un mero sí o no– y el nivel de peligro bajó al mínimo. Diez días después su familia encontró el cadáver en el apartahotel en el que residía con su hija. No se había presentado a una comida. La pequeña llevaba horas junto al cuerpo sin vida de su madre.
A las voces que ponen el foco en el proceso de evaluar a una víctima y activar su protección se sumó ayer el presidente del Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV). Iñaki Subijana dijo que puede ser «razonable plantearse criterios de detención en estos contextos». En alusión a que la Ertzaintza tenía conocimiento de que el presunto asesino vulneraba la orden de alejamiento y llegaba a convivir con la víctima, aseguró que «lo más importante» es que «el marco de protección que judicialmente se ha fijado se respete» y, si no, «se plantee la posible reevaluación».
Aviso de la Guardia Civil Maialen se instala en Vitoria el 18 de mayo y el instituto armado comunica a la Ertzaintza que tiene «riesgo extremo» de ser asesinada.
Evaluación de la Ertzaintza La Policía vasca aplica el protocolo EBA, diferente al del resto del país, sin tener en cuenta el aviso de la Guardia Civil y rebaja su protección al mínimo.
27 de mayo Maialen muere asesinada por su expareja
«Si se ha creado un contexto de prohibición de interacción y hay un incumplimiento por parte de la persona investigada, el tema a valorar es si conviene ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y de la Judicatura para que reevalúe si la protección es suficiente. O hay que ir a un ámbito más restrictivo a través de controles policiales más exhaustivos, telemáticos o en los casos más extremos plantearse una posible prisión provisional», subrayó en una entrevista en Radio Euskadi.
El presidente del TSJPV señaló también a la necesidad de invertir en «políticas públicas» que permitan que los tribunales «cuenten con los medios suficientes para que hagan valoraciones del riesgo y puedan decidir si la protección es factible». No obstante, el propio Subijana reconoció que «la gestión del riesgo victimal es un tema complejo».
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