El crimen de Vitoria evidencia graves errores en la protección a las mujeres amenazadas

¿Cómo es posible que una mujer que contaba con una orden de alejamiento de su agresor y que tenía «riesgo extremo» de ser asesinada haya encontrado la muerte? Su caso ha evidenciado los graves errores del sistema que debe proteger en Euskadi a las mujeres amenazadas. Porque ni Ertzaintza, ni Fiscalía, ni Judicatura han sabido actuar para evitar que el nombre de Maialen engrose la lista de víctimas de la violencia machista. Ayer Emakunde convocó a la comisión que se encarga de velar por la protección de las mujeres amenazadas para tratar de mejorar unos protocolos que en esta ocasión han fallado. Quieren analizar este caso y el de la mujer de Orio al que su exnovio le descerrajó un tiro con una escopeta recortada en un parque dos meses después de haber cortado la relación.

¿Pero qué ha pasado? Depende de a quién se pregunte. Jueces y fiscales lo achacan a los sistemas de evaluación del riesgo que aplica la Ertzaintza. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, señaló el lunes a la propia víctima, que permitió las visitas de su agresor y que aseguraba que no sentía «riesgo». Y si se interpela a algunas asociaciones que trabajan con el colectivo amenazado, hablan también del colapso en los juzgados, la falta de medios y lo que llaman «denunciacentrismo», es decir, no buscar soluciones hasta que alguien ponga una denuncia y un juez tome una decisión. La Fiscalía de Álava ha tomado cartas en el asunto y ha decidido cambiar el plan de actuación ante el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento. Hasta ahora no se detenía a los infractores si la víctima «consentía». Ahora se les arrestará en todos los casos.

El último crimen de Vitoria ha suscitado un hondo debate entre los jueces vascos. Una magistrada especializada en violencia de género advierte que «el delito no puede depender de la víctima». «El delito se comete o no», asegura. Pone el foco en las declaraciones que el lunes realizó el vicelehendakari del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, en las que dijo que si la Policía autonómica no tomó mayores medidas de protección fue porque la propia víctima les aseguró que no se sentía «agredida, ni en peligro», y que quería «mantener una relación de afectividad» con Jaime, padre de sus hijos y su verdugo.

«Parte de la protección efectiva a una víctima -subraya la jueza- depende de que ella sea consciente del peligro. Es lo que hay que trabajar». Según esta magistrada, debían ser los agentes quienes desconfiaran de su testimonio. Porque su experiencia le ha demostrado que «muchas víctimas no se reconocen como víctimas». «Para ellas es una adicción. Él siempre le va a enganchar, le va a atraer. Hay que ayudarla a salir de ahí», explica.

«La mujer tiene una dependencia emocional, seguro que también económica, del padre de sus hijos. Desde ahí no percibe el peligro y vuelve con él. Si los profesionales que trabajamos en violencia de género no entendemos eso, no seremos capaces de protegerla. Los argumentos que usó Erkoreka para disculpar a la Ertzaintza son los que más incrementan el riesgo de homicidio», añade otro cargo judicial. Las fuentes consultadas subrayan que incumplir una orden de alejamiento no afecta únicamente a la víctima, sino que atenta contra la Administración de Justicia. Como quien se salta un stop, que aunque no provoque un accidente, recibe una multa si la autoridad presencia la infracción. Y en el caso de Maialen, la Policía tenía constancia de esa infracción.

Llegados a este punto toca analizar el protocolo policial. En Euskadi existe un sistema propio para analizar el riesgo de una mujer amenazada. Se llama EBA (Etxekoen eta emakumeen Babesa) y utiliza unos parámetros diferentes a Viogén, el mecanismo que se emplea en el resto de España. Quienes trabajan con mujeres maltratadas creen que Viogén es «más completo y efectivo». Una forense especializada en estos casos asegura que, en el crimen de Maialen, la valoración del riesgo estuvo «mal hecha». «Es difícil hacer una valoración, pero está claro que no se hizo de forma correcta», señala.

Fuentes policiales explican que la mujer asesinada en Vitoria fue entrevistada por un agente de la Ertzaintza el 19 de mayo, al día siguiente de instalarse definitivamente en Euskadi, a donde la trasladó una patrulla de la Guardia Civil. Aquella primera noche un coche de la Policía vasca estuvo apostado frente al portal. La protección desapareció al día siguiente, cuando Maialen pasó por comisaría y cumplimentó el cuestionario al que le sometió un agente. El funcionario le hizo las 20 preguntas que contempla el protocolo EBA. Se trata de contestar con un escueto sí o no. Las respuestas se introducen en un ordenador y es la máquina la que fija el grado de riesgo (hay cuatro niveles, mientras que Viogén tiene cinco). El agente, como mucho, puede elevar un grado el peligro, pero el criterio que prevalece, insisten las mismas fuentes, es el del mecanismo informático, aséptico.

Eso hizo que a Maialen se le calificara en el nivel más bajo, al no apreciar grandes riesgos. Todo ello a pesar de que un agente de la Guardia Civil se había puesto en contacto con la comisaría de la Ertzaintza en Vitoria para recalcar que el instituto armado consideraba a la mujer como víctima de violencia de género de «riesgo extremo». En toda España sólo hay 31 mujeres en este nivel máximo de las más de 46.000 que tienen algún tipo de protección.

Según reconoció Erkoreka, a quien el lehendakari Iñigo Urkullu ha respaldado en público, Euskadi tiene su propio protocolo, que es al que los agentes deben aferrarse. En definitiva, se trató a esta mujer como un caso nuevo, sin analizar los hechos del pasado, los que le valieron una orden de alejamiento. «La Ertzaintza tiene que hacer su propia valoración. Puede contrastarla con otras policías, pero tiene que hacer su propia valoración», recalcó el vicelehendakari, para añadir a continuación que «no es fácil proteger a la víctima más allá de la percepción de riesgo que ella tiene de sí misma».

Una forma de actuar que la forense consultada considera incorrecta. «El que una víctima diga sí o no a esas preguntas depende muchas veces del tiempo que se dedique a la entrevista y de si los agentes han investigado el caso un poco», advierte. La experta añade un error que, en su opinión, agravó la situación. No se tuvo en cuenta el 'factor niños'. «Tener hijos o estar embarazada eleva el riesgo. Es un elemento de vínculo, de no ruptura para la mujer».

El que la Ertzaintza evaluara este caso como un grado mínimo de riesgo tuvo consecuencias en el plano judicial. Provocó que el expediente por el quebrantamiento de la orden de alejamiento siguiera una tramitación ordinaria en los juzgados. De tal forma, que el presunto asesino de Maialen está citado en julio a una vista en la que decidir qué pena se le impone por los hechos de enero. Demasiado tarde. Una demora en la que también han influido las sucesivas huelgas que se han convocado en los tribunales.

Belén González, decana de los jueces de Vitoria, se une a las voces que reclaman una forma de actuar similar en todo el país. «Debería existir el mismo protocolo de valoración de riesgo para las víctimas de violencia de género en el conjunto de España. La violencia de género no entiende de comunidades autónomas o cuerpos policiales», denuncia. «Y lo mismo opino -añade- del sistema informático. Debería existir uno interconectado con las diecisiete comunidades autónomas, similar al de Hacienda».

La asociación Clara Campoamor está acostumbrada a asesorar a mujeres amenazadas y a llevar estos casos a los tribunales. José Miguel Fernández pide «superar» lo que él denomina «denunciacentrismo, que el eje principal sobre el que se trabaje la violencia de género no sea sólo Policía-Juzgado». «No siempre los mejores instrumentos van a ser la denuncia y la intervención judicial». Y considera importante la «especialización y la formación de las personas que trabajamos en violencia de género».

«No basta con aumentar el número de agentes si no tienen empatía, sensibilidad y no están especializados. Porque el volumen de trabajo y lo complicado que es, muchas veces resulta frustrante para los policías porque la propia víctima no se siente víctima y te ve como enemigo. Puede generar hastío en las personas» que deben proteger a las mujeres. Para Maialen es tarde. Pero el riesgo existe, coinciden jueces y fiscales.