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Aunque el clamor de la práctica totalidad de las comunidades autónomas, con Euskadi a la cabeza, para adelantar el horario del toque de queda a las 20:00 horas sugería que Sanidad acabaría cediendo a la presión, finalmente Moncloa y el ministro Salvador Illa se ... salieron con la suya. El decreto que regula el estado de alarma, aprobado en noviembre pasado con una vigencia de seis meses -hasta el 9 de mayo-, no se toca. Ni una coma. Ese fue el mensaje del Gobierno central a las autonomías, a las que emplazó a agotar las herramientas que ahora mismo tienen a su alcance para hacer frente a la tercera ola de la Covid-19, que se ha revelado incluso más dañina que la segunda.
Con las cifras de contagios desbocadas y la presión hospitalaria al límite, el Ministerio optó, sin embargo, por desoír a los presidentes regionales, incluidos los del PSOE, que pedían más manga ancha para imponer nuevos límites a la movilidad nocturna, las reuniones de personas no convivientes o incluso para poder decretar confinamientos domiciliarios severos allí donde la incidencia del virus se dispare.
concepto
Pese a las reiteradas promesas de que todas las restricciones se pactarían siempre entre el Gobierno central y las autonomías en los órganos de coordinación, la respuesta fue un 'no' rotundo y una invitación a agotar el «arsenal de medidas» que aún tienen a su alcance y que, básicamente, pasa por ordenar confinamientos perimetrales y por echar el cerrojo al comercio, la hostelería y la actividad social y cultural, bien de manera total o bien restringiendo aún más los horarios vigentes. «Trabajando y escuchando, con el arsenal o abanico de medidas que tenemos hemos podido contener la segunda ola y vamos a contener la tercera», defendió el ministro Illa.
Una relativa sorpresa en una jornada en la que compañeros de Gabinete, como el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, habían defendido la posibilidad de que las autonomías tuvieran mayor margen sin necesidad de modificar el decreto de alarma. «No sería ningún drama», deslizó. Incluso, la líder del PSE y vicelehendakari, Idoia Mendia, se había mostrado convencida de que se podría llegar a un acuerdo sin problemas.
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Pero finalmente Moncloa no ha querido exponerse al embrollo jurídico que podría haber traído atender las peticiones de las autonomías, especialmente tras haber recurrido la decisión de Castilla y León, tomada a las bravas, de decretar por su cuenta el adelanto del toque de queda. Y mucho menos ha querido el presidente del Gobierno arriesgarse a aprobar un nuevo decreto que le obligaría a acudir otra vez al Congreso en quince días para revalidarlo y exponerse al vapuleo de la oposición. Sobre todo, de un PP que, pese a la insistencia de sus propios barones, tampoco estaba por la labor de dar ese balón de oxígeno a Sánchez. Menos aún en puertas de unas elecciones catalanas que marcarán a fuego el devenir de la política nacional.
respuesta del gobierno vasco
Ahora está por ver hasta qué punto el Gobierno vasco está dispuesto a tirar del famoso arsenal, que no le permite adelantar a las ocho de la tarde el toque de queda, tal como pidió la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. El Ejecutivo autónomo fue ayer el primero en defender esta vía en el turno de palabra de los representantes autonómicos pero también ha sido pionero en abanderarla. «Lo llevamos pidiendo desde noviembre», recuerdan en el Gobierno vasco, que cree que ese marco es el que mejor permite conjugar el combate contra el virus con el mantenimiento de la actividad económica. De hecho, Urkullu ha evitado hasta ahora apurar las restricciones que estaban ya en su mano para no tener que cargar con el desgaste de apretar todavía más las tuercas a la economía vasca. Una batalla soterrada por no salir carbonizado de la tercera ola que implica, a brazo partido, al Gobierno central, al ministro Illa, candidato del PSC a las catalanas que los tribunales mantienen para el 14 de febrero, y a unas regiones con intereses y recetas dispares.
Con toda probabilidad, la reunión del LABI convocada mañana al mediodía servirá para dar luz verde a parte de las medidas incluidas en la propuesta que Euskadi llevó ayer a la interterritorial, basadas en el dictamen que los técnicos elaboraron con los datos del pasado lunes, que sugieren que el pico de contagios está a punto de alcanzarse.
Casi todo lo que propuso lo puede hacer ya por su cuenta al amparo del decreto vigente. A saber: cerrar todos los establecimientos -bares, comercios, cines, teatros, instalaciones deportivas- a las siete de la tarde, con la única excepción de farmacias y gasolineras, y volver a impedir los desplazamientos a municipios distintos al de residencia salvo por causas de fuerza mayor. La restricción a grupos de cuatro de las reuniones entre personas no convivientes podría, en principio, impulsarse también con las previsiones que marca el actual decreto. Todo ello estaría vigente, en principio, hasta finales de febrero, con una revisión quincenal de las restricciones adoptadas.
En su escueta respuesta, a través de las redes sociales, al portazo que Moncloa ha dado al modelo de cogobernanza que el propio Pedro Sánchez amparó tras paladear los sinsabores del mando único, el lehendakari evitó entrar en una guerra abierta con Sanidad. No obstante, en Lakua se admite, de puertas hacia dentro, que «no se comprende» su postura.
Urkullu dio a entender que se prepara para adelantar a las siete de la tarde el 'apagón' de pueblos y ciudades, al deslizar que «tratará de hacer efectivas» sus propuestas con todas las «herramientas» a su alcance ante la «extrema gravedad» de la situación. «Se está perdiendo una oportunidad de profundizar en el consenso», lamentó el lehendakari, que invocó de nuevo la «gobernanza colaborativa» como mejor vía para hacer frente a la Covid. Curiosamente, también el ministro Illa apeló a ese «liderazgo compartido» que, a su juicio, «está funcionando».
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