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OLATZ BARRIUSO
Miércoles, 20 de enero 2021, 00:43
El Gobierno vasco lleva «meses» reclamando al Ejecutivo central tener la potestad para adelantar el toque de queda desde las diez de la noche a las ocho, una posibilidad que siempre había sido descartada por Madrid. Aunque ahora podría replantearse su negativa entre ... otras cosas porque hay otras autonomías, como la Comunidad Valenciana -con gobierno socialista-, que reclaman lo mismo. Y sería extraño que el Ministerio desoyese unas peticiones convertidas en clamor con las que se busca que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas en la lucha contra la pandemia. Castilla y León incluso ha impuesto el horario de las 20.00 horas valiéndose de un interpretación creativa de la ley. Una medida que, también es cierto, el Gobierno central ha recurrido.
Con este telón de fondo se va a celebrar hoy el Consejo Interterritorial de Sanidad, órgano que reúne al Ministerio con las comunidades autónomas. ¿Con qué postura acudirá Euskadi? La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, no quiso ayer ni siquiera confirmar lo que todo el mundo daba por hecho, es decir, si se volverá a plantear un adelanto del toque de queda a las 20.00. Evitó avanzar cualquier propuesta concreta y lo dejó todo en el aire por elevación: el Ejecutivo vasco planteará que se facilite a las comunidades la posibilidad de poder adecuar y adoptar «todo tipo de medidas conforme a la situación epidemiológica del momento y con inmediatez».
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Eso sí, también admitió que esa petición, la de adelantar el toque de queda, «la llevamos trasladando al ministro de Sanidad desde hace meses», igual que «tener una mayor autonomía para tomar medidas» de manera ágil.
Lo que pedirá el Gobierno vasco, en definitiva, es tener la manos libres para actuar del modo que crea conveniente en cada momento, más allá de cuantificar ese margen de maniobra. El lehendakari Urkullu también avanzó esta semana que su Ejecutivo desea poder restringir los encuentros sociales a un máximo de cuatro personas, en vez de las seis actuales.
Hay que tener en cuenta que cuestiones como el cambio en el toque de queda tienen su complejidad porque, en principio, sería necesaria la aprobación de un nuevo estado de alarma, y cuando este asunto llega al Congreso tiende a enfangarse todo.
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Las comunidades se van quedando sin munición para intentar frenar la desbocada curva de la tercera ola del coronavirus. Y El Gobierno continúa mostrando sus reticencias a ciertas peticiones. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo tras el Consejo de Ministros que las autonomías aún tienen «margen» para «intensificar y explorar» nuevas medidas dentro del actual decreto de alarma que disminuyan la movilidad.
El Consejo Interterritorial «va a repasar los datos y va a valorar el alcance del conjunto de herramientas que se han puesto a disposición de las comunidades para frenar la expansión del virus y para combatirlo», aseguró Montero, sin cerrar la puerta a nuevas restricciones, porque el Gobierno no quiere tampoco un enfrentamiento directo con las comunidades. La portavoz volvió a valorar la «cogobernanza» del Ejecutivo central y las autonomías en la crisis sanitaria y destacó que «cada vez se hace más fuerte y más resistente».
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En la misma línea se pronunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que dijo este martes que las comunidades tienen «instrumentos suficientes» para frenar el incremento de los casos, aunque se abrió a debatir este miércoles con los consejeros: «No quiero tener una postura de cierre a escuchar nada, pero las medidas se deben valorar bien y con seguridad jurídica».
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Y es que la necesidad de acudir al Parlamento para aprobar un nuevo marco jurídico que sirva de paraguas a medidas más duras explica por qué el Gobierno no da pasos más decididos. La ampliación del toque de queda exigiría un nuevo decreto de estado de alarma, que durante los primeros 15 días sería discrecional, pero a partir de ese plazo necesitaría la convalidación de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para su prórroga. El Gobierno quiere evitar una nueva ronda de negociaciones que, además, no le garantiza el éxito, toda vez que el principal partido de la oposición, el PP, no ha asegurado su apoyo pese a que varias comunidades gobernadas por los populares quieren disponer cuanto antes de la posibilidad de tomar más medidas. Y no sólo los populares.
La Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE, llevó este martes hasta el límite las posibilidades que le ofrece el actual estado de alarma y ha anunciado restricciones muy severas. «En la última semana hemos visto que diciembre se ha intensificado la pandemia. No podemos seguir así. Tenemos que cortar de forma drástica los contactos sociales y vamos a actuar con contundencia», enfatizó Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, una de las autonomías más castigadas en la tercera ola, con una incidencia acumulada en el entorno de los 900 casos y unos hospitales en situación límite, con una ocupación de las UCI por enfermos de coronavirus por encima del 50%. Puig se ha sumado a las comunidades que reclaman poder adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde. Euskadi, Galicia, Cantabria, Cataluña, Baleares, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha son partidarios de esta medida.
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