El Supremo traslada a Fiscalía para que informe sobre el recurso del Gobierno vasco por el pasaporte covid

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Koldo Domínguez

Esto es así desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobara un Real-Decreto en mayo de 2020 por el que se adoptaban medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma. En él se modificaba la ley para que sea el Supremo quien tenga la última palabra a la hora de que se acepten medidas sanitarias propuestas por los ejecutivos autonómicos y que afecten a derechos fundamentales.

Desde el Gobierno vasco afirman que toda restricción de derechos «debe de ser necesaria y adecuada» para proteger un derecho superior «como el derecho a la vida y a la protección de la salud». Además, justifica que plantee el pasaporte covid para toda la Comunidad Autónoma --algo que le reprochó el tribunal vasco-- cuando la tasa de incidencia supere los 150 casos, «por la alta movilidad social y la reducida superficie territorial de Euskadi».

Ahora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sobre la que recaen estos recursos, debe tramitar y decidir de forma «preferente» el asunto y debe dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes «para que comparezcan y formulen alegaciones por plazo común de tres días», dice el Real Decreto.

Transcurrido ese plazo de alegaciones de las partes, la Sección competente para la tramitación y decisión «fijará doctrina y resolverá sobre las cuestiones y pretensiones planteadas, en el plazo de los cinco días siguientes. Esto hace que en un máximo de ocho días, la Sala debe tener una resolución para el caso de País Vasco.