El Gobierno vasco recurrirá al Supremo el fallo judicial que denegó la activación del pasaporte covid

En un inesperado movimiento, que deja en evidencia los argumentos esgrimidos hasta ahora, el Gabinete Urkullu «va a agotar las posibilidades para establecer el certificado covid» en el ocio nocturno, los bares de copas y los grandes restaurantes de la comunidad. Al parecer, los responsables vascos han optado por esta vía tras no ser atendidas en el Consejo Interterritorial de Salud de ayer sus peticiones para establecer de manera colegiada nuevas medidas a nivel nacional. Además, la otra opción a la que Lakua fiaba tener más margen de maniobra –la reforma exprés de la actual ley de Salud Pública «para fijar un criterio común sobre la aplicación de este documento»– también habría sido rechazada por el Gobierno central.

En el recurso de casación, los servicios jurídicos del Gobierno vasco recuperan los argumentos legales y epidemiológicos que ya empleó ante el TSJPV, y que el tribunal consideró insuficientes, y que apuntan que «es necesaria una medida de este tipo para contribuir a atajar una nueva ola de transmisión comunitaria del virus y para incentivar, aún más si cabe, la vacunación de toda la ciudadanía». Además, insiste en que la «afección necesaria a algunos derechos fundamentales» se contrapone con el «derecho fundamental a la vida y la salud pública».

En lo que sí se detiene el recurso del Gobierno autonómico es en el polémico razonamiento del Superior vasco de que el pasaporte covid afectaría, además de a los derechos a la igualdad y a la intimidad, al derecho de reunión, a la libertad de desplazamientos y a las libertades de expresión y creación artística, este último en relación a las actividades que se desarrollan, por ejemplo, en los karaokes. Sobre este extremo, los servicios jurídicos del Ejecutivo vasco alegan ante el Supremo que estos derechos «no precisan para su desarrollo que su ejercicio se realice en los locales donde se impondría la exigencia del certificado covid». «La medida se refiere a locales donde la entrada es voluntaria y donde no se realizan actividades esenciales, a los que se tenga la obligación de acudir», apuntan.

«Frente al argumento esgrimido por el TSJPV de que el elevado índice de vacunación en Euskadi opera contra la implantación del certificado covid», el recurso sostiene que esa «interpretación (basada en el interés de proteger el derecho a la intimidad de la población no vacunada, el 10%) conculca el derecho a la protección de la salud y a la vida del 90% de la población vacunada».

Y sobre la cuestión de la aplicación en toda la comunidad autónoma, el recurso emplea el mismo razonamiento que en la petición inicial ante el TSJ: Euskadi es una autonomía pequeña, con alta movilidad social y buenas comunicaciones. Como novedad, los abogados del Gobierno vasco echan mano de los casos de Catalunya y Murcia, donde sus respectivos tribunales superiores de justicia «avalaron la exigencia del pasaporte covid para un sector concreto para toda la comunidad de referencia». En el caso vascos, el Ejecutivo incluye la salvaguarda de la cláusula de activación de la medida: superar la tasa de incidencia los 150 casos en el conjunto de la comunidad autónoma.

Según fuentes de Lehendakaritza, la decisión de recurrir al Supremo la habría tomado directamente Iñigo Urkullu tras escuchar «a todo el mundo» y analizar el escenario que se abre tras no adoptarse medida alguna en la Interterritorual y no recibir garantías por parte de Pedro Sánchez de adoptar medidas que sirvan de paraguas legal a futuros movimientos en materia de lucha contra la pandemia.