«Ya no estamos hablando sólo de botellón, sino de problemas de seguridad ciudadana»

Los jóvenes se sirven de las redes sociales para organizar quedadas masivas allá donde la vigilancia decae. Son rápidos, reaccionan coordinados y en cuestión de minutos a los movimientos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y lo peor de todo es que un hecho tan simple como concentrarse en la calle para beber alcohol no sólo tiene implicaciones sanitarias, sino que también hace trizas esa imagen de seguridad frente al covid que le sirvió el pasado año a Cantabria para registrar cifras récord en el sector turístico.

La preocupación por los sucesos de los pasados fines de semana es máxima, y los más agoreros avanzan un verano muy «crudo» porque «lo peor está por venir en julio y agosto, cuando vengan todos los que tienen que venir», señala el regionalista Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Noja.

La suya fue la voz que solicitó con mayor intensidad el apoyo de la Guardia Civil los fines de semana. Pero la respuesta de la delegada de Gobierno, Ainoa Quiñones, fue clara: «No pueden estar persiguiendo el botellón. Es una competencia municipal. Nuestros agentes tienen otras cosas que atender y si se puede apoyar, se apoyará, pero quizá no podrá ser siempre», zanjó.

Aunque vistos los hechos del pasado sábado en Noja, que se repitieron el martes en otra noche de vandalismo «puro y duro», «quizá hay que pensar que ya no estamos hablando sólo de botellón, sino de seguridad ciudadana, porque esto ya no son sólo chavales bebiendo en la calle sino que son disturbios en toda regla, y la Policía Local no está para resolver esto», critica Ruiz. «Además de que no es su competencia, no tiene medios para hacerlo». El caso es que, los unos por otros, la casa sigue sin barrer.

«Lo que vemos nosotros, los alcaldes, es que no se pueden lavar las manos en Delegación de Gobierno y dejarnos como estamos. Nos piden que engordemos las policías locales, pero ya lo estamos haciendo. Pero es que por ley no podemos tener más efectivos de los que nos deja el porcentaje por población. Y es que en verano pasamos en Noja de 2.600 vecinos a 80.000», insiste el regidor.

Un asunto que preocupa también en Somo, donde en los últimos meses ya se han visto conatos de macrobotellones que se echan al monte de Arna y que toman la playa, donde es más complicada la intervención de los agentes por tratarse de espacios abiertos, donde hay miles de puntos de fuga. «Todo esto va a tener una repercusión en la imagen de Somo como lugar turístico y el tiempo será testigo de lo que estoy diciendo», lamenta el alcalde de Ribamontán al Mar, el regionalista Francisco Asón.

«Aquí en verano llegamos a ser 30.000 personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Contratar a tantos policías como para atender a esa gente? No se puede, por ley, porque hay ratios. Pero es que además, lejos del verano, ¿qué haríamos con ellos en invierno?», lanza como respuesta a la delegada del Gobierno.

En Comillas, más de lo mismo. Dice la alcaldesa Teresa Noceda, que la Guardia Civil es «inexistente» allí. Que hay una patrulla que debe recorrer San Vicente, Puentenansa, Potes, etc. «Cuando viene por aquí es porque pasa algo realmente grave», cuenta. Suerte que en aquella zona el botellón todavía no ha alcanzado tintes tan graves como en la parte más oriental de Cantabria, pero la situación amenaza con recrudecerse en los próximos días, y hay «miedo real» de la deriva de los acontecimientos. «La noche de este pasado martes tuvimos unas sesenta personas haciendo botellón, sesenta personas un día entre semana y cuando ni siquiera hemos alcanzado julio», advierte la regidora regionalista. «Nos preocupa mucho, nos estamos echando a temblar porque no queremos ni pensar qué puede ser en medio del verano», teme Noceda.

El problema es cuando esa fiesta anárquica se va de las manos. La experiencia dice que lo único que se entiende en estos casos es cuando se resiente la cartera y es, precisamente, lo que han aplicado en Laredo. La ordenanza municipal eleva la multa allí por consumir alcohol en la calle hasta los 700 euros. Y aunque el pronto pago permita una reducción de un 50% de la cuantía, el golpe al bolsillo continúa siendo importante. «Aquí ha servido durante estos últimos años para que se corriera la voz y la gente anduviera con más cuidado. Los chavales se lo cuentan y al final son los padres los que tienen que hacer frente al pago de la sanción, con lo que además la incidencia trasciende y llega a los progenitores», detalla la alcaldesa, la socialista Charo Losa.

El botellón no ha alcanzado el caos en la villa pejina como sí ha ocurrido en la vecina Castro o en Noja. «Tal vez ha sido precisamente por esto, porque tenemos una de las ordenanzas que más penalizan por beber en la calle de las que se conocen». Si acaso este pasado fin de semana se detectó un grupo no muy numeroso de jóvenes que bebían en el puerto. «Pero según nos vieron, se retiraron y recogieron las cosas, de forma civilizada», aclararon fuentes policiales al realizar balance de las actuaciones del fin de semana.

«Me preocupa la salud, por supuesto, eso es lo primero. Pero me preocupa también que todo este movimiento de quedadas termine por incrementar la incidencia de Laredo hasta situarnos en el semáforo rojo de covid. Algo que puede tener traducción en un daño económico por las duras restricciones que implica, como el cierre del interior de la hostelería», advierte Losa.