Cuatro vascos mueren cada mes ayudados por un médico desde que la eutanasia es legal

Había una mayoría social a favor, entre el 70 y el 85% de la población, según diversas encuestas, y algo menor entre los médicos colegiados. Algunos por entender que nunca deben provocar de forma intencionada la muerte del paciente aunque haya una petición expresa de éste. En Euskadi, 156 médicos, 29 profesionales de enfermería y 3 psicólogos clínicos se han registrado como objetores de conciencia.

El camino hacia la legalización de la eutanasia había entrado y salido del Congreso de los Diputados una decena de veces en casi treinta años desde que el tetrapléjico gallego Ramón Sampedro presentara ante un juzgado de Barcelona una demanda judicial para ser ayudado a morir, lo que impulsó el debate. Su petición fue denegada porque el Código Penal entonces vigente no lo permitía y establecía penas de hasta 10 años de cárcel. El mismo día que se implantó la prestación de ayuda para morir ya se registraron solicitudes en Euskadi.

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De hecho, el País Vasco fue la primera comunidad autónoma en aplicar la eutanasia. Fue a una paciente de 86 años de Durango llamada Eskarne -no han trascendido más datos-, un mes después. A la espera del informe anual que se dará a conocer esta semana, desde entonces y hasta el primer trimestre de 2022, a un total de 36 vascos de entre 45 y 89 años, una media de cuatro al mes, se les ha practicado la eutanasia.

Las solicitudes, eso sí, han sido muchas más, 96 a fecha de marzo, y a la hora de hacerse públicas estas cifras había otra docena más en estudio. Más hombres que mujeres, el perfil, «de clase media alta y con una conciencia liberal», observa la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Euskadi. Con una enfermedad crónica invalidante y con patologías terminales. A siete se les ha denegado por no cumplir con todos los requisitos. Y están los que, esperando a recibirla han fallecido antes: doce.

La ley tiene mecanismos para valorar que la decisión de quien solicita la eutanasia no sea fruto de un arrebato, de presiones o de conflictos que requieran otro tipo de abordajes. La llamada Comisión de Garantías y Evaluación (CGE) se encarga de resolver las solicitudes en un plazo que no debe exceder los 45 días. En Euskadi la media es de 41 días, aunque la primera eutanasia se aplicó en 30. La CGE está formada por 25 profesionales sanitarios, del Derecho y del ámbito social, que comprueban que se cumplen los requisitos, revisan los casos con disparidad de opiniones y tienen acceso a la documentación y entrevistas con el paciente y sus médicos.

«En realidad nadie quiere morir, pero hay personas como mi madre cuyo padecimiento les lleva a tomar la decisión», observa Danel Lorente, uno de los hijos de Maribel Tellaetxe, vizcaína enferma de Alzhéimer que dejó por escrito que no quería seguir viviendo en el momento en que no reconociese a sus seres queridos y que murió en 2019 antes de poder recibir la eutanasia legal.

Porque sí, hay que dejarlo escrito en el testamento vital que se rellena con el médico de cabecera. Más de 31.500 vascos lo tienen todo bien atado para que nadie tenga que decidir por ellos, según los últimos datos, la mayoría mayores de 65 años.

«Hace falta un mayor plan de difusión para la ciudadanía sobre este asunto, con carteles en los ambulatorios, para que se hable de la enfermedad y de la muerte como algo normal», conssidera Rafael Sal, portavoz en Euskadi de DMD. Sobre este año de andadura, el colectivo cree que «se han hecho todos los esfuerzos por parte del Departamento de Salud», pero tiene propuestas de mejora. «Hay que ver bien cuáles son las razones que aporta la comisión cuando niega una petición» (dos solicitantes se han planteado recurrir a los tribunales) y «sería deseable personalizar cada solicitud».