El lehendakari anuncia que el nuevo decreto que sustituirá al estado de alarma entrará en vigor «a las 0.00 horas del domingo»

Lo que contiene el decreto, que firmará el viernes el jefe del Ejecutivo vasco, aún es una incógnita. El máximo dirigente del Gobierno vasco no ha querido «avanzar nada» al respecto, aunque sí ha aclarado que estas medidas se prolongarían durante las próximas «cuatro o seis semanas». El lehendakari admite que están «valorando todavía las decisiones que en el conjunto del Estado se puedan estar adoptando». La decisión final se conocerá el viernes tras la reunión del LABI y el documento se publicará en el BOPV el sábado, horas antes de que decaiga el estado de alarma.

Estas valoraciones competen al toque de queda y los cierres perimetrales. ¿Qué pasará a partir del domingo? El Gobierno de Pedro Sánchez facilitó ayer que los gobiernos autonómicos puedan acudir al Tribunal Supremo en caso de que el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad rechace este tipo de restricciones. Así, el alto tribunal decretaría un criterio común para todo España. Urkullu ha reconocido que el Ejecutivo vasco está «siguiendo toda la tramitación pertinente de manera formal con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco».

«Veremos a ver cuáles son las medidas que planteamos y cuáles son las medidas que los diversos tribunales superiores de justicia de las comunidades decidan, no voy a aventurar nada en este sentido», ha afirmado el lehendakari en San Sebastián sobre si Euskadi mantendrá el toque de queda. En este contexto, se ha preguntado «dónde está la cogobernanza colaborativa» del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, al tiempo que ha planteado la reflexión de que «no es Euskadi quien está en una situación de preocupación, no es solamente Euskadi quien ha solicitado la prórroga del Estado de alarma», sino que «otras comunidades han planteado medidas que están fundamentadas en lo que es el estado de alarma» para mantener las restricciones.

La «reflexión profunda» de la que habla el lehendakari tiene fecha. El viernes se reunirá con el consejo asesor del LABI para aprobar el decreto que regulará la vida de la ciudadanía después del estado de alarma. El objetivo de esta nueva ley es «intentar llegar a descender hasta un nivel de 200 casos en principio, que era de donde partíamos en esta ola ascendente que hemos tenido hasta estos días pasados y el objetivo final descender hasta 50 o 60 casos».

A su juicio, «si se ha demostrado hasta la fecha que las medidas más efectivas para atajar la vía de contagio son las que se contemplan bajo el amparo de un estado de alarma, levantarlo sin otras que tengan garantías jurídicas suficientes, puede provocar un riesgo de mayor contagio hasta que no exista la inmunidad de rebaño suficiente».

«Este es el análisis en el que estamos. Todavía estamos en una situación en la que el viernes pasado la comisión interterritorial de salud pública posponía cuatro semanas la decisión sobre la aplicación en segunda dosis de la vacuna AstraZeneca y a qué colectivos. Es un poco desconcertante», ha reconocido.

Finalmente, ha recordado que «todo lo que pueda ser mayor afección en contagios y en contactos tiene también impacto en la actividad ordinaria, en la vida social, en todos los órdenes, también el económico».