La Fiscalía avisa a Urkullu de que se opone a prorrogar cerrojazos y el toque de queda

La Fiscalía le contestó ayer mismo: se opone a que el Ejecutivo autonómico pueda ordenar cierres perimetrales y toques de queda al considerar que no tiene potestad para restringir libertades de esa naturaleza sin el amparo del real decreto que expirará en la madrugada del sábado al domingo. A la espera del fallo del tribunal, que podría ser inminente y le evitaría explorar la vía del Supremo que abre Pedro Sánchez a las comunidades, Urkullu sí podrá, por ejemplo, limitar las agrupaciones a cuatro personas, aunque ese es un recorte de muy difícil control dentro de los domicilios.

El Gobierno vasco prepara a contrarreloj un decreto que, una vez se constate la derogación del estado de alarma, está concebido para intentar mantener «entre cuatro y seis semanas» más el mayor número de restricciones posible. El borrador está listo. Treinta folios con diferentes apartados que hacen alusión a cuestiones como la limitación de aforos y horarios del comercio y la hostelería. Pero también a medidas más controvertidas y de superior alcance. Después de los reveses judiciales sufridos en el último año -en febrero se vio obligado a permitir la reapertura de la hostelería-, el lehendakari quiere tenerlo todo bien atado. Por ello remitió el martes al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el texto inicial del nuevo decreto que está previsto entre en vigor el domingo «a las 0.00 horas», reveló ayer el propio Urkullu. Según reconocen fuentes del Ejecutivo autónomo, la normativa solo recogerá aquellas restricciones que cuenten con el aval previo de los jueces.

¿Cuáles serán? Aún está por ver. La Sala de lo Contencioso-Administrativo podría tener listo hoy su dictamen, después de analizar el criterio de la Fiscalía del País Vasco. Y ahí es donde se le complica el horizonte al lehendakari. El borrador del decreto plantea tres cuestiones polémicas en un escenario concreto. Así, cuando la tasa de incidencia acumulada en 14 días por covid en el conjunto de Euskadi sea superior a 200 por 100.000 habitantes, el Ejecutivo autónomo plantea poder limitar la movilidad nocturna -entre las 22.00 y las 6.00 horas-, restringir las reuniones de no convivientes a un máximo de cuatro personas y cerrar perimetralmente Euskadi. Asimismo, aboga por mantener el cerrojazo en aquellas localidades de más de 5.000 residentes con una tasa de incidencia acumulada superior a 400 casos por 100.000 habitantes.

En el informe elaborado por la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Público rechaza que el Gobierno vasco pueda establecer tanto cierres perimetrales como toques de queda. Considera que «limitar un derecho constitucional» en base a supuestos «genéricos» que irían dirigidos a «un colectivo indeterminado de personas» solo sería aplicable dentro del «marco de excepción» -en alusión al estado de alarma- y no «conforme a las leyes sanitarias generales». Por contra, no cree que el Gobierno vasco precise de autorización judicial para que los grupos de personas se restrinjan a cuatro, al estimar que «no se ve afectado el derecho de reunión». «Más bien se trata de una previsión restrictiva a la participación de encuentros de un número determinado de personas tendente a la disminución del riesgo de contagio», argumenta. Pero la decisión última sobre el borrador del decreto vasco corresponderá al Tribunal Superior que desde la semana pasada preside Iñaki Subijana.

En un momento en el que las cifras parecen empezar a dar un respiro a Euskadi, el lehendakari teme que el fin del estado de alarma y con ello de las restricciones más estrictas amenacen con disparar de nuevo los casos y den al traste con la evolución positiva de los últimos días. Pero por otro lado es también consciente del cansancio y el hartazgo que se han instalado entre la ciudadanía vasca tras más de un año de duras restricciones, y de las cada vez más recurrentes críticas de la oposición a su gestión de la crisis. En este complejo reto de buscar el equilibrio entre la economía. la recuperación de espacios de normalidad y el necesario control de la pandemia, ha estallado la aplastante victoria de Isabel Díaz Ayuso (PP) en la Comunidad de Madrid, cimentada en parte en gestos al aperturismo frente a las limitaciones.

Lo que hará el Gobierno vasco es cubrirse las espaldas antes de embarcarse en nuevas restricciones. Adaptará su decreto al dictamen del Tribunal Superior. Con ello se evitará que los jueces puedan suspender sus medidas en caso de recurso. Pero también dejará sin efecto el decreto que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, que otorga la última palabra en el caso de las restricciones al Supremo. Si Urkullu cuenta con el visto bueno de los magistrados en Euskadi, no necesitará llamar a la puerta del Alto Tribunal.

El lehendakari firmará el decreto definitivo que a partir del fin de semana regulará la vida de los ciudadanos vascos en la reunión del LABI de mañana. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) lo recogerá el sábado y entrará en vigor a las 00.00 horas del domingo, justo cuando decaiga el estado de alarma.