La incorporación de los ertzainas 'no aptos' por orden del juez retrasa los cursos de la nueva promoción

Esta OPE, clave en el proceso de renovación generacional de las Policías vascas, estaba diseñada para cubrir 700 plazas ampliables en la Ertzaintza y otras 51 de agentes locales en 18 ayuntamientos vascos, entre ellos Bilbao, Vitoria y Getxo. El problema surgió cuando, a raíz de una demanda del sindicato Esan contra la validez del carácter eliminatorio de las entrevistas personales, un juez de Vitoria dictaminó que los alumnos calificados como 'no aptos' debían seguir en el proceso selectivo de forma cautelar, hasta que se resuelva el fondo del asunto en un juicio señalado para octubre de 2022.

En ese momento quedaban unos 1.400 aspirantes en liza. Todavía no se sabe cuántos excluidos serán los que finalmente entren en Arkaute. Pero el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ya afirmó que el grupo de cautelares ascendería a «unas 300» personas.

751plazas tiene esta OPE conjunta de la Ertzaintza y de 18 Policías locales.

Fuentes oficiales del Departamento de Seguridad explicaron a este diario que, en estos momentos, el tribunal de la OPE tiene sobre la mesa un «quebradero de cabeza» por el difícil «encaje de las personas en las plazas». Hasta el momento se han barajado numerosas opciones. Pero ninguna convence del todo. Entre otras razones, «porque puede crear una situación injusta» para los que han aprobado todas las pruebas.

Las incógnitas son numerosas. Entre ellas, cómo afrontará Arkaute a nivel organizativo la llegada de un número de alumnos mucho mayor del esperado. También existen dudas jurídicas. Cuando se dicte la primera sentencia -y sin contar con posibles recursos- los aspirantes ya serán agentes en prácticas en la calle. Si los jueces dan la razón al sindicato, los que no superaron la entrevista personal se integrarán en la Ertzaintza. El problema es qué hacer si el fallo da la razón al Gobierno vasco. ¿Qué se hace entonces con los aspirantes que ya están trabajando? En estas circunstancias se ha optado por aplazar hasta enero -el curso debía arrancar la semana del 13 de diciembre- hasta recibir el informe jurídico.