Los jueces deciden hoy si se mantienen el toque de queda y los cerrojazos en Euskadi

«Las medidas que adoptemos contarán con las garantías suficientes. Serán razonables y razonadas. No podemos arriesgarnos a periodos de incertidumbre y de indecisión ante lo que puedan ser recursos o no recursos que hagan perder la efectividad de las medidas», advirtió ayer el lehendakari. Esta tarde, una vez se conozca la resolución judicial, Iñigo Urkullu firmará un decreto que establecerá qué se puede hacer y qué no. Y siempre, subrayó, con el aval del TSJPV. Quizá suene a perogrullada eso de acatar lo que decidan los tribunales, pero el Gobierno vasco también tiene en su mano aprobar el decreto con las restricciones que considere y jugársela a la bala del Supremo en caso del Superior vasco se lo tumbe.

No hay que olvidar que el recurso de casación ante el alto tribunal es la única concesión que ha ofrecido el Gobierno de Pedro Sánchez a las comunidades autónomas una vez finalice el estado de alarma. Lo que se busca es que el Supremo -muy molesto con el Ejecutivo por esta nueva atribución de responsabilidades- fije y unifique doctrina para que uno más uno sea dos en Euskadi, Cantabria o Andalucía. Es decir, que ante un mismo hecho, como es el toque de queda, los jueces de una comunidad digan una cosa y en otra, todo lo contrario.

El toque de queda es la clave de bóveda del debate jurídico-político que se ha generado después de que Sánchez confirmase que no iba de farol por las elecciones de Madrid y su decisión de levantar la alarma era más que firme. Muchos juristas han advertido de que prohibir la libre circulación carece de sostén legal sin esa cobertura excepcional porque supone una vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares sorprendió ayer a todos y avaló la vigencia del toque de queda aunque decaiga la alarma. Y lo hizo, he aquí la clave, en contra del criterio de la Fiscalía, que en este caso mantiene un criterio común en todo el país.

En Euskadi, el Ministerio Público ya avanzó el miércoles su posición de cara a la decisión que hoy debe tomar la Sala. Considera que «limitar un derecho constitucional» en base a supuestos «genéricos» que irían dirigidos a «un colectivo indeterminado de personas» sólo sería aplicable dentro del «marco de excepción» -en alusión al estado de alarma- y no «conforme a las leyes sanitarias generales». ¿Podría suceder en el País Vasco lo mismo que en Baleares? Teóricamente sí, pero los expertos lo consideran improbable.

Así lo confesó ayer el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, que «sin querer prejuzgar» sobre qué sucederá hoy, admitió que ve «complicado» que el borrador del decreto que ha presentado el Gobierno vasco y que recoge las actuales restricciones pase el filtro. «Si se declaró para poder restringir unos derechos fundamentales, parece muy complicado que, sin él, se puedan mantener esa restricción general», recalcó.

En ese borrador, al que ha tenido acceso este periódico, el Ejecutivo autonómico plantea que cuando la tasa de incidencia acumulada a 14 días en el conjunto de Euskadi sea superior a 200 casos por 100.000 habitantes, se pueda limitar la movilidad nocturna -entre las 22.00 y las 6.00 horas-, restringir las reuniones de no convivientes a un máximo de cuatro personas y cerrar perimetralmente la comunidad autónoma. Asimismo, aboga por mantener el cerrojazo en aquellas localidades de más de 5.000 residentes con una tasa de incidencia superior a 400 casos.

Urkullu es de los pocos dirigentes autonómicos que quiere mantener el toque de queda. El resto de mandatarios ha ido estos días desvelando sus planes post alarma y los únicos gobiernos que apuestan por él son Navarra, Baleares y la Comunidad Valenciana, pero en este caso se pretende aprobar una ampliación desde las diez de la noche hasta las doce.

¿Y el Supremo? Lo que está claro es que el Gobierno vasco se ahorrará el trámite de acudir a él (tampoco tenía especial interés) porque fijará doctrina tras los más que probables recursos que se presentarán por la decisión anunciada ayer por el Tribunal Superior de Baleares.