¿Qué harán las comunidades limítrofes a Euskadi cuando finalice el estado de alarma?

Aunque el Gobierno alienta a las autonomías a atreverse a mantener todas las restricciones actuales y acordarlas en el Consejo Interterritorial para convertirlas en «de obligado cumplimiento», la práctica totalidad de los servicios jurídicos ha rechazado de plano usar este ardid.

De hecho, más allá del debate sobre mantener el toque de queda, en las últimas horas casi todas las autonomías se han resignado ya a usar solo los instrumentos de la legislación ordinaria; particularmente, la limitación de horarios comerciales, aforos y, como máximo, establecer topes de personas en las reuniones sociales. Es la única concesión que, además del toque de queda podrían estar dispuestos a respaldar los jueces, según coinciden diversas fuentes de los tribunales superiores, que están dando señales cada vez más claras de que son de la idea de que si se decretó el estado de alarma fue para algo y que intentar mantener los recortes sin este paraguas no es viable.

La situación ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. A mediados de abril, varias comunidades, como Euskadi, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Cataluña, llegaron a explorar las posibilidades jurídicas de mantener intactos los recortes de derechos fundamentales. Pero la decisión del Gobierno de endosar al Supremo la responsabilidad de avalar esas medidas y la aprobación del decreto que obliga al alto tribunal a hacer público su fallo en menos de dos semanas han congelado definitivamente los ánimos restrictivos de las comunidades.

Hasta el momento, ya son una docena las que han anunciado formalmente que a las 23.59 horas del sábado dejan de estar cerradas: Galicia, Cantabria, Navarra, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Baleares y Canarias, pero es probable que se unan todas las demás autonomías peninsulares. De hecho, ninguna región, por el momento, ha prometido seguir cerrada.

Hay algo menos de unanimidad sobre el toque de queda. Cataluña, Andalucía y Castilla y León han anunciado que no lo mantendrán, mientras que Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Baleares sí tienen intención de limitar la movilidad nocturna.

Los gobiernos autonómicos viven uno de los momentos más complicados desde que estallase la pandemia. El fin del estado de alarma conlleva, a partir de este domingo, la libre movilidad en el territorio nacional y la supresión del toque de queda en un momento en el que algunas comunidades, como Esukadi, siguen presentado indicadores de Covid preocupantes. Es por ello que los ejecutivos autonómicos, como el vasco, mantienen la esperanza de que el Tribunal Superior de cada comunidad acepte la limitación de los derechos fundamentales o bien lo haga el Tribunal Supremo en última instancia, alternativa esta última descartada por el lehendakari Urkullu.

¿Qué harán las comunidades autónomas limítrofes a Euskadi? Todas eliminarán el cierre perimetral y solo Navarra mantendrá el toque de queda, aunque Cantabria y Castilla y León dejan en el aire la restricción de los derechos fundamentales si los tribunales lo permiten. La propuesta del Gobierno vasco enviada al TSJPV mantiene las restricciones tal y como están en la actualidad, pero Urkullu ya ha señalado que acatará la decisión del Superior vasco. Ayer, la Fiscalía advirtió que ambas medidas no deberían ser aceptadas.

El Gobierno de Cantabria es partidario de mantener el cierre perimetral y el toque de queda –pese a que Revilla descartó de plano lo primero y dejó en manos de la Consejería de Salud lo segundo–, pero no lo va a proponer por las dificultades legales que observa. Solo si otros territorios que han iniciado este mismo camino tienen éxito y consiguen la aprobación de sus respectivos tribunales de justicia o posteriormente del Tribunal Supremo en última instancia, Cantabria se subirá al carro y recuperará una o varias de estas limitaciones.

Por el momento, las restricciones más severas se aplicarán en hostelería. Cierre de bares y restaurantes a las 22.30 horas y el lunes se prevé que se alargue el cierre de los interiores.

Pese a que Castilla y León quería la prórroga del estado de alarma y barajaba solicitar al Tribunal autonómico restricciones como el toque de queda o los cierres perimetrales, finalmente el Gobierno de Mañueco desiste en su intento. Resignados, el vicepresidente Igea ha criticado este jueves duramente al Gobierno de Sánchez por dejar caer el estado de alarma. La Junta entiende que no puede tomar medidas más allá de sus competencias y cede la «responsabilidad» de la pandemia a Madrid: «El Gobierno ha decidido que decaiga el estado de alarma. Es su responsabilidad».

La hostelería es uno de los sectores más beneficiados a partir de la semana que viene. El cierre se decretará a las 00.00 horas y se aumentará progresivamente si los municipios cumplen con los requisitos de los diferentes niveles de alerta.

La comunidad foral de Navarra es la más optimista de cara a su encuentro con la Justicia. El año pasado, antes de la entrada en vigor del estado de alarma el 25 de octubre, los jueces ya avalaron el cierre perimetral de Navarra. Por el momento, el Gobierno de Chivite no solicitará esta medida aunque sí la prórroga del toque de queda desde las once de la noche hasta las seis de la mañana. También solicitan al juez un máximo de seis personas por grupo.

La hostelería ampliará una hora su horario, hasta las 22 horas. El interior de bares, cafeterías y restaurantes seguirá cerrado. El Gobierno navarro quiere recuperar la normalidad en los bares y restaurantes y para ello estudiará un plan el próximo miércoles que regule la actividad hostelera.

El Gobierno de La Rioja ha sido el más claro en cuanto a las restricciones que vulneran los derechos fundamentales. No contemplan el cierre perimetral ni el toque de queda, pero sí hace una pequeña observación en la limitación de reuniones. En su escala de semáforos que mide la incidencia acumulada y por ende regula la severidad de las restricciones, la palabra «recomendación» sustituye a prohibición. El Gobierno regional recomienda un número de personas por grupo pero no lo limita.