La nueva RGI suma ayudas a 232 víctimas de violencia de género en medio año

El dato lo destacó ayer la vicelehendakari Idoia Mendia durante la presentación en la comisión de Hacienda del Parlamento vasco de los detalles del presupuesto del Departamento de Trabajo y Empleo para 2024. La RGI dispondrá el próximo año de un montante de 382 millones de euros, 70 más que en este 2023, a los que se sumarán 180 del Ingreso Mínimo Vital y 70 de la Prestación Complementaria de Vivienda. La ampliación de supuestos de protección, y el incremento de las cuantías, está detrás del aumento de la financiación, ya que la perspectiva es que, cuando entre en vigor el reglamento que complementa la normativa y que lo extiende a otros colectivos, el número de beneficiarios vaya al alza. Y buena parte de quienes recibirán la prestación serán mujeres, que ascienden en la actualidad a casi seis de cada diez titulares.

Una de las metas de la consejería, según recoge un informe interno de Lanbide, es precisamente «prevenir y paliar la mayor incidencia de la pobreza en la población femenina». De ahí que en este documento, fechado en julio, el Servicio Vasco de Empleo analice la distribución de la RGI con perspectiva de género. Uno de los datos más reseñables es que, en esa fecha, percibían la ayuda 1.155 víctimas de violencia de género, que en tres de cada diez casos tenían menores a su cargo, lo que elevaba la cifra de beneficiarios a 2.227 personas.

Muchas de esas mujeres comenzaron a cobrar la ayuda a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley porque rebaja la exigencia respecto a la población general, que debe acreditar tres años de empadronamiento ininterrumpido. Antes de la nueva ley, las víctimas de violencia machista debían llevar al menos un año inscritas en el padrón en algún municipio vasco, pero ahora no se exige esa antigüedad.

Asimismo, pueden integrar lo que se denomina unidad convivencial excepcional durante tres años. Esto supone que, por ejemplo, si van a vivir en casa de sus padres, pueden percibir la RGI, algo que antes no estaba permitido. Por su delicada situación, reciben, además, un complemento para las unidades «especialmente vulnerables» del 25% de la cuantía base. Las víctimas, eso sí, tienen que acreditar su condición. Pueden hacerlo a través de una sentencia condenatoria, una orden de protección, un informe del Ministerio Fiscal...

En julio, había 7.473 hogares monoparentales, compuestos por 19.465 personas, que cobraban la RGI. En el 96,03% de ellos estaba al frente una mujer. Otros 7.747 expedientes de la renta estaban vinculados a unidades en las que la persona titular trabajaba, pero tenía bajos ingresos. Y seis de cada diez de quienes recibían esa ayuda por su exiguo sueldo eran mujeres, porque «la actividad laboral» femenina, entienden en Lanbide, «suele estar condicionada a las necesidades familiares», y de esa manera «los trabajos suelen ser temporales, parciales, precarios, discontinuos y de bajo nivel retributivo».