Tras dos meses de huelga indefinida que ha tenido graves consecuencias en el funcionamiento de juzgados y tribunales de todo el país, los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) votaron ayer de forma mayoritaria aceptar la propuesta salarial del Ministerio de Justicia y poner ... fin a los paros. El 76% de la plantilla, integrado por cerca de 4.200 profesionales, se mostró a favor de aceptar subidas medias de entre 430 y 450 euros brutos al mes que compensen la carga de trabajo asumida tras la implantación de la oficina judicial en 2010.
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La propuesta remitida por Justicia al comité de huelga será ratificada hoy en la reunión prevista con el departamento dirigido por Pilar Llop y solamente habría que aclarar «algunos términos del acuerdo final», según el comité de huelga. «Tenemos sólo un borrador esquemático, que se tendrá que aclarar. En una negociación siempre hay que ceder en algo», aclaraba la representante de una de las asociaciones convocantes en Bizkaia, Adriana Obispo. Ayer se celebraron asambleas en todo el país en las que se han dado «detalladas cuentas» de la oferta del Ministerio. De los 2.029 votos emitidos (la mitad de la plantilla), 1.530 fueron a favor (76%), 418 en contra (21%) y 81 abstenciones (3%).
En detalle, la oferta se concreta en una subida de 430 euros brutos mensuales, como complemento de eficiencia, para los letrados donde todavía no se ha implementado la nueva oficina judicial. Y de entre 430 y 450 euros brutos para aquellos que forman parte de los tres niveles directivos. Por ejemplo, para el centenar de efectivos que conforman las secretarías de Gobierno, de coordinación provincial y las direcciones de servicio común la subida sería de 450 euros. Para los directores de los servicios comunes de ejecución y registro, de 440 euros, y para los miembros de las unidades procesales de apoyo directo al juez, 430 euros. La subida, sin embargo, va condicionada en tres plazos: un 40% con efectos retroactivos al 1 de enero pasado, un 40% a percibir desde el 1 de enero de 2024 y el 20% restante el 1 de julio de 2024. El costo de esta oferta se cuantifica en 22 millones de euros anuales.
El acuerdo llega tras dos meses de huelga en los que, según las asociaciones convocantes, se han suspendido unos 356.000 juicios y vistas, varios miles en Bizkaia, han quedado paradas unas 424.000 demandas y se han mantenido bloqueados en las cuentas de consignaciones judiciales 1.280 millones de euros.
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