El juez autorizó la operación contra los chats de menores por su contenido «extremo»

La autorización judicial para la entrada y registro en cuatro domicilios -ubicados en la capital guipuzcoana, Madrid, Dos Hermanas (Sevilla) y Toledo- desde los que se sospechaba que se difundía material presuntamente delictivo se precipitó por dos motivos: la constancia de los agentes de que los grupos seguían activos y de que se estaban compartiendo imágenes «extremas» que incluían «violaciones a bebés» o «decapitaciones», y la tardanza de la empresa estadounidense Meta -matriz que engloba redes como Whatsapp, Facebook o Instagram- para atender el requerimiento judicial de que procediese a eliminar los chats que difundían ese material. «Cuando tuvimos todo bien atado le dijimos al juez que esto había que cortarlo ya, porque los chats siguen funcionando y las imágenes pueden llegar a cientos de menores», explica uno de los responsables de la investigación.

Una de las razones por la que el juez accedió a la pretensión policial de entrar en los domicilios de los principales sospechosos -en ese momento no se sabía que eran menores- es porque la tenencia y distribución de pornografía infantil de alta intensidad se encuentra tipificada en el Código Penal, que establece penas de prisión de 3 meses a 1 año para los mayores de edad. Por su parte, la corrución de menores, el otro delito que se les imputa a los detenidos, conlleva penas de prisión de 1 a 5 años para los adultos. En este sentido, la difusión de imágenes pedófilas pesó más en la decisión judicial que otros contenidos que también se compartían los grupos y que estaban caracterizados por los mensajes de odio, racistas, homófobos y fascistas.

Otro factor que resultó determinante para que el juez diera el visto buena a la denominada 'Operación Chapela' fue la falta de respuesta de la compañía estadounidense Meta al requerimiento judicial para que procediera a eliminar los tres chats en los que se había detectado material pedófilo. La matriz que gestiona Whatsapp acostumbra a ser muy garantista a la hora de censurar a usuarios y contenido y, en este caso, «Meta adujo que, antes de cerrar un canal, da mucha importancia a cuestiones como los nombres de los grupos y dijo que no le resultaban sospechosos». En efecto, nombres como 'Añade a todos que se haga viral' o 'Meter gente hasta llegar a un millón', los dos grupos cuya autoría se atribuye al menor donostiarra detenido, no inducen a pensar que puede haber algo delictivo detrás. «Se ciñeron a eso y se negaron a cerrarlos. O al menos no nos daban una respuesta», indican fuentes de la investigación, lo que precipitó que el juez autorizara la entrada en los domicilios de los sospechosos.

La Guardia Civil llevaba cuatro meses investigando esta red de chats desde que el pasado noviembre se presentaron las primeras denuncias de padres afectados fuera de Gipuzkoa, concretamente en la comisaría de Tres Cantos (Madrid). Para entonces, los grupos de Whatsapp que se habían detectado inicialmente entre los alumnos de una decena de colegios de Gipuzkoa -y que la Ertzaintza investigaba en paralelo- ya empezaban a extenderse entre adolescentes de todo el Estado. A pesar del revuelo mediático que provocaron las primeras denuncias, los investigadores aseguran que los cabecillas de la red no dejaron de volcar en los chats contenido con violencia explícita que extraían previamente de la 'deep web' (internet profundo). El principal «dinamizador» de esos chats, además de creador de al menos dos de ellos, era el menor donostiarra de 14 años que fue detenido el jueves y que desde el viernes está en libertad vigilada a la espera de juicio, con la prohibición de utilizar las redes sociales y de mensajería móvil.

Los investigadores de la Guardia Civil aseguran que el menor de 14 años detenido en su domicilio de San Sebastián es «el cabecilla sin ninguna duda» de esta supuesta red, ya que «creó y alimentó» al menos dos de los chats que corrieron como la pólvora a mediados de noviembre entre cientos de escolares de todo el Estado.

Los once menores detenidos en la 'Operación Chapela' no generaban el contenido pedófilo, sino que lo cogían de la 'deep web' y lo difundían a través de grupos de Whatsapp y por otros canales, como una aplicación 'ad hoc' que el donostiarra de 14 años presuntamente había programado para subir contenido violento a una 'nube' y distribuirlo a otros usuarios desde allí. «Era capaz de mantener cien conversaciones simultáneas», afirman los investigadores.

Al ser menor de edad, el donostiarra de 14 años pasó a disposición del Juzgado de Menores de Donostia, que será el encargado de juzgarle antes del verano o, como muy tarde, en septiembre.