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«Ahora mismo, una persona que tiene un problema en un avión y quiere presentar una reclamación, solo tiene que entrar en una web y, ... en el minuto siguiente, esa reclamación ya está en un tribunal presentada telemáticamente». Con ese ejemplo, Edmundo Rodríguez Achútegui, magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ilustra la «elevación grandísima del número de litigios» en los juzgados gracias al desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. Y precisamente entiende que la IA es parte de la solución al atasco, ya que podría «auxiliarnos en nuestro trabajo» a través de herramientas específicas.
Un centenar de juezas se reúnen desde este jueves en Bilbao en las jornadas 'El derecho del consumo ante el reto de la inteligencia artificial y los tribunales de instancia', organizadas por JJpD. Rodríguez Achútegui ha planteado «emplear estas técnicas» de IA «en la litigación en masa», como se dan en materia de consumo. Eso, ha reconocido, generaría en cualquier caso «una serie de problemas de naturaleza ética y de utilización de datos» que puede ser «muy problemática».
En ese sentido, ha reclamado a «las instituciones», concretamente al Consejo General del Poder Judicial, a los departamentos de justicia de las autonomías y al Ministerio, que doten a la judicatura de «unos programas y unas aplicaciones de inteligencia artificial que no sean privadas, porque en esas aplicaciones hay que ceder datos y nosotros no podemos ceder los datos de la ciudadanía». «Necesitamos un instrumento potente de trabajo en inteligencia artificial para poder gestionar todo eso», ha subrayado.
En la inauguración también ha intervenido la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, que ha puntualizado que la ley de eficiencia del servicio público en la Justicia «va a facilitar» la «satisfacción de las pretensiones judiciales» de los ciudadanos ya que «los tiempos se reducirán». «Los procesos que tradicionalmente llegan a los tribunales, aquellos de instancia que son masivos y repetitivos y afectan a multitud de consumidores», ha explicado, dispondrán de «una oficina más ágil y eficaz, permitiendo que los derechos de los consumidores sean defendidos de forma más rápida y efectiva».
San José ha incidido además en la importancia de garantizar un «plus de protección» para colectivos vulnerables, facilitando el acceso a «la justicia gratuita», en un «contexto globalizado y digitalizado, donde las nuevas tecnologías y modelos de consumo nos presentan desafíos constantes».
El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha recordado que desde Konstumobide se ha realizado «un importante esfuerzo de adecuación de nuestras herramientas a los nuevos hábitos de consumo y pago, principalmente con el desarrollo de una nueva ley de consumo, el estatuto de las personas consumidoras y usuarias aprobado en abril de 2023». «Para que las herramientas de esta ley sean efectivas no solo es necesaria la labor de Kontsumobide, sino la de juezas y jueces que la aplican, que sientan jurisprudencia, que reconocen y defienden los derechos de las personas consumidoras», ha asegurado.
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