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El Gobierno vasco quiere dar una vuelta más al modelo de residencias de mayores. La pandemia, que tuvo especial incidencia en estas instalaciones durante los primeros meses, puso de relieve la necesidad de modificar el decreto que las regula, que data de 2019, tanto en ... aspectos como las «mejoras en la gestión» como de «organización» de los centros. La Dirección de Servicios Sociales ha dado un primer paso con la firma de la orden que aprueba la modificación, que todavía debe pasar por Consejo de Gobierno. Una vez entre en vigor, las residencias dispondrán de seis años para adaptarse a la regulación más reciente -tendrán que presentar informes de evolución cada 24 meses- y, en caso de no hacerlo, se les revocará la autorización.
El documento, que busca impulsar «un modelo de atención centrado en las personas y sus relaciones», contempla un buen número de modificaciones, algunas más tangibles que otras, entre las que destaca incrementar «un 15% los ratios de personal de atención directa», que serían los gerocultores y los equipos psicosociales. La de aumentar el personal es, de hecho, una de las principales reivindicaciones de las familias de los usuarios y de las trabajadoras del sector (el 87,44% del personal son mujeres), que en el caso de Bizkaia sellaron hace menos de un mes un acuerdo para renovar el convenio y mejorar las condiciones laborales tras 68 jornadas de huelga.
20.000 plazas de residencia hay en Euskadi repartidas en un total de 434 centros asistenciales.
30% de los vascos serán mayores de 65 años al inicio de la próxima década. Ahora es el 23%.
En ese sentido, el borrador define estos complejos asistenciales como «centros de alta intensidad», lo que requiere «la presencia permanente» -24 horas- de cuidadores y personal sanitario. Por ello, deberán garantizar que la asistencia sea los fines de semana y festivos la misma que los días laborables, con idéntico personal gerocultor y de enfermería. Sin embargo, el Gobierno vasco les faculta a utilizar «teleasistencia y medios digitales» para realizar consultas y asesoramientos «de bajo riesgo sanitario».
El documento reitera la apuesta por residencias más pequeñas y clarifica mejor el articulado del decreto de hace cuatro años. Las de nueva creación, como se aprobó entonces, no podrán superar las 150 plazas y deberán dividirse en módulos de atención de 25 personas, que «facilitan la convivencia de las personas mayores», independientemente del tamaño que tengan. Las patronales avisan desde hace tiempo que algunos de los centros existentes no podrán cumplir este requerimiento, aunque la memoria que acompaña a la modificación normativa advierte de que estas unidades están «en la filosofía del decreto», por lo que deberán «desarrollarse» de una u otra forma.
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Pero esta no será la única adaptación que deban hacer estos servicios en sus instalaciones, ya que las habitaciones deberán ser más grandes que en la actualidad. Así, las dobles contarán con un mínimo de 22 metros cuadrados (3 más que ahora) y las individuales, serán de al menos 15 metros cuadrados (2 más que en anteriores normativas). El objetivo es que sus inquilinos perciban «la residencia como su casa, y aparte del espacio para dormir deben tener espacio también para estar».
Los centros con más dificultades estructurales para adaptar sus instalaciones a los nuevos requisitos del Gobierno vasco podrán presentar un plan alternativo a las autoridades, siempre con el objetivo de acercarse a los estándares que se apuntan en el decreto. El baño, por su parte, no podrá estar por debajo de los 5 metros cuadrados, y tendrá «un uso individual y exclusivo para las personas usuarias de la habitación». Esta medida responde, precisa la memoria, a que se comprobó «en época de la pandemia del covid-19 que el origen de la mayoría de los contagios de dicha enfermedad se producía por compartir los baños».
Eso conllevará «costes adicionales», reconoce en su memoria el Ejecutivo autonómico, que los considera «necesarios para garantizar la calidad que se pretende implantar» en unos servicios que cada vez serán más necesarios. El 23% de los vascos tiene en la actualidad más de 65 años, pero la previsión es que, para comienzos de la próxima década, sean ya casi el 30% de la población.
En Euskadi actualmente hay cerca de 20.000 plazas en residencias y un total de 434 centros.
La modificación del decreto no afectará a otros alojamientos como los apartamentos tutelados y las viviendas comunitarias y con apoyos. Se centra en las residencias porque son la opción mayoritaria, la «vivienda habitual, permanente o temporal de mayores de 65 años que se pueden encontrar en situación de dependencia. Y por ello se deben garantizar «unos estándares mínimos de calidad» que deben ir de la mano de las necesidades y los intereses de los usuarios, que contarán con planes personalizados de atención y vida, adaptados a sus «preferencias» y a su «historia de vida» para que puedan continuar desarrollando sus intereses en el centro.
Euskadi permitirá contratar auxiliares para las labores de enfermería en los centros de mayores. El borrador del nuevo decreto de residencias autoriza recurrir a otros perfiles sanitarios «de manera profesional y hasta 3 años» ante la escasez de enfermeras que deseen trabajar en un recurso de estas características. No es una problemática nueva. La dirección vasca de Servicios Sociales incluye la posibilidad de incorporar a auxiliares en el equipo sanitario «toda vez que hayan demostrado fehacientemente que han resultado infructuosos los esfuerzos de búsqueda y contratación de personal sanitario». Hace tiempo que las residencias tienen dificultades para contratar a enfermeras e incluso médicos, entre otras cosas por «la migración del personal de enfermería de los centros hacia Osakidetza», reconocen directivos de Salud.
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