El Gobierno vasco quiere que el transporte público sea gratis hasta los 12 años

Los menores no pagan ahora mismo en el transporte público hasta que cumplen 6 años, aunque los autobuses municipales de Vitoria sí que tienen fijado en 12 años el rango de edad que se quiere imponer ahora en todos los servicios vascos. Sería a partir del año que viene y de forma «permanente». «Estaremos en todo lo que suponga desincentivar el uso de las carreteras», ha reivindicado García Chueca durante la presentación de los principales proyectos que maneja su equipo para el presente mandato, que expira en 2027.

Aunque se ha presentado por separado, la iniciativa forma parte del nuevo plan de tarifas para el transporte público en el que está pensando el Gobierno autonómico, en connivencia con las diputaciones, de un tiempo a esta parte. Hace justo dos años el Ejecutivo central decidió rebajar el precio de todos los servicios del país -un 50% en Euskadi con la colaboración de las administraciones vascas- como medida de choque para contener el impacto de una inflación desbocada en los precios a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Y la apuesta está teniendo éxito.

Los descuentos vienen provocando desde entonces una subida generalizada de usuarios. Los transportes públicos de Bizkaia rompieron todos sus récords en 2023 al acumular 186 millones de viajeros frente a los 158 del año previo. Una subida del 17%, con el metro y Bizkaibus a la cabeza, atribuible casi en exclusiva a los menores precios. Todo un logro en un momento en el que las administraciones luchan denodadamente por evitar que los coches se muevan por las cuidadades para combatir el cambio climático. El problema es que la bajada de precios tiene fecha de caducidad: el 31 de diciembre. Moncloa ya avisó de que era un ajuste «coyuntural».

A la espera de saber si el Consejo de Ministros decide prorrogar el 30% de descuento que sufraga otro año, la consejera vasca de Movilidad Sostenible ha avanzado hoy que el Gobierno vasco está por la labor de asumir el 10% que le corresponde más tiempo. El 10% restante lo abonan las diputaciones y los ayuntamientos por sus servicios. Y por si no fuera así -si Madrid no autoriza la rebaja no se puede aplicar- ya se trabaja en una alternativa que pretende acabar con las tarifas estandar de toda la vida.

El Ejecutivo, de la mano de las diputaciones, trabaja desde hace meses en un sistema tarifario progresivo por el que los viajeros pagarían un precio en función de su «nivel» socioeconómica y edad. Se trata de un proyecto «complejo», ha dicho García Chueca, que llevará aún varios años pero del que ya existen los primeros borradores. Ahí aparece la gratuidad para todos los menores de 12 años y se plantean descuentos relevantes para menores de 26, parados, familias numerosas y personas que padezcan algún tipo de discapacidad. En algunos casos podría llegarse a «la gratuidad por uso», ha asegurado la consejera.

Aunque el asunto ya está sobre la mesa es difícil fijar una fecha para su implantación debido a lo laborioso del plan debido a la diversidad de operadores y la tecnología necesaria. El primer paso es que gobierno, diputaciones y ayuntamientos se pogan de acuerdo en el modelo. El borrador que ha remitido el área de Movilidad Sostenible al resto servirá de base para iniciar el debate. García Chueca ha subrayado la necesidad de seguir desplegando en Euskadi un sistema de transporte público «universal, integrado, eficaz y asequible» que «facilite los desplazamientos del día a día de los ciudadanos, promoviendo así la igualdad de oportunidades».

Más allá de definir exactamente los perfiles socieconómicos y que las administraciones se pongan de acuerdo, algo que parece más sencillo ahora mismo porque la mayoría están gobernadas por PNV y PSE, sirva el ejemplo de las tarjetas de transporte para explicar que la implantación de un modelo tarifario unificado en Euskadi no es tarea sencilla. A día de hoy una Barik aún no puede ser utilizada, por ejemplo, en algunos transportes públicos de Gipuzkoa. Pasa lo mismo en Bizkaia con la Mugi del territorio vecino. La consejera García Chueca ha estimado hoy que el segundo asunto se resolverá antes de que acaba este mismo año y el primero, en 2025.