El Gobierno vasco estudiará ampliar las ayudas para adaptar los ascensores a los requisitos de seguridad

La denominada Instrucción Técnica Complementaria (TIC) entró en vigor el pasado 1 de julio y obliga a algunas comunidades de propietarios a mejorar sus ascensores para dotarlos de mayor seguridad. Aunque los plazos de ejecución son amplios, de los 65.246 elevadores que hay instalados en los edificios de Euskadi, 25.100 deberán desarrollar algún tipo de reforma.

La propuesta aprobada aboga por continuar con el programa de subvenciones actual y con la línea especial que el Gobierno vasco puso en marcha en 2021 para fomentar la accesibilidad de los edificios, pero también insta a «aumentar el rango de ingresos de las personas beneficiarias de estas ayudas» para que puedan adaptarse, a través de la modificación del programa, a las actuaciones en materia de seguridad que recoge el nuevo Real Decreto para los elevadores que comuniqun dos o más pisos y que sean usados por personas. La normativa exige por ejemplo ampliar los sensores de las puertas, eliminar el escalón entre la infraestructura y el descansillo o colocar un botón de comunicación bidireccional para pedir auxilio en caso de emergencia.

El parlamentario socialista Adrián Fernández ha detallado en su intervención que la línea especial de ayudas que actualmente otorga el Gobierno vasco «cuenta con una perspectiva de renta clara para no dejar a nadie atrás». El programa favorece a las personas mayores de 65 años o con algún tipo de discapacidad y subvenciona «hasta el 100% de los trabajos a las unidades convivenciales de hasta 12.000 euros de ingresos medios». Desde el PNV han señalado que este tipo de ayudas «hacen de Euskadi un territorio más sostenible», mientras que EH Bildu ha valorado de manera «muy positiva» el acuerdo alcanzado. Laura Morales, del Partido Popular, ha ensalzado que el Consejo de Gobierno haya ampliado el crédito del programa de ayudas en «10 millones de euros más» y ha reivindicado la necesidad de «echar una mano a las familias para que no se tenga que paralizar ningún ascensor» por no poder hacer frente a su adaptación.

Los partidos políticos han coincidido en señalar que los gastos derivados de las exigencias de la nueva normativa «no pueden recaer sólo en los propietarios» y en que el mayor coste «recaerá en los edificios más antiguos». Así y todo, el Gobierno vasco estima que de los 25.613 elevadores que tienen 25 años o más, solo «unos cientos» estarán obligados a hacer reparaciones importantes, como la sustitución de las guías de madera o ajustar el sistema de nivelación entre el ascensor y el descansillo para evitar que haya caídas. Las reparaciones serán variadas pero se estima que la inversión vaya desde los 1.000 hasta los 8.000 euros.