25.100 ascensores deberán adaptarse a los nuevos requisitos de seguridad en Euskadi

El Gobierno vasco afirma que de los 65.246 ascensores que hay instalados en los edificios de Euskadi, 25.100 necesitarían alguna mejora. El dato lo ofrece Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, en respuesta parlamentaria al Partido Popular. Pero apunta que la mayoría no requerirá de adaptaciones «traumáticas». Es decir, muchas comunidades se librarán de tener que desembolsar grandes cantidades de dinero, ya que los elementos solo necesitarán implementar el sistema de auxilio o colocar el control de cargas, un mecanismo que impide que un ascensor funcione si se sobrepasa el peso máximo estipulado.

Por lo general, quienes deberán hacer inversiones más gordas son las comunidades que cuenten con ascensores antiguos. Aunque no serán tantos. Si en Euskadi hay 25.613 elevadores con 25 años o más, el Gobierno vasco estima que sólo «unos pocos cientos» están obligados a hacer reparaciones de calado, como es la sustitución de las guías de madera o las huecas que actúan como válvulas paracaídas o ajustar el sistema de nivelación entre el ascensor y el descansillo para evitar que haya caídas o «atrapamientos».

La ley ya está en vigor, pero la adaptación de los elementos no tiene por qué ser inmediata. Los ascensores deberán estar listos para cuando pase la siguiente revisión, que en el caso de los edificios de más de 20 viviendas se realizan cada cuatro años. Los ascensores antiguos -los más susceptibles- tendrán de tres a diez años desde la primera inspección para adaptarse. Además, aquellos que tengan que ser revisados en breve contarán con un margen (seis meses, un año...) que se calculará en base a las mejoras que se deban hacer.

Algunas reparaciones supondrán un importante coste y otras en cambio serán menos agresivas para el bolsillo de los propietarios. Se estima que la inversión vaya desde los 1.000 hasta los 8.000 euros. En cualquiera de los casos, el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley para su debate en el pleno para que el Gobierno vasco garantice «subvenciones y ayudas suficientes» (ahora no cuenta con programas) para afrontar, como mínimo, el «40% de los gastos de las nuevas exigencias».

Los populares afirman que «las comunidades que no logren adecuar los ascensores podrían hacer frente a sanciones de hasta 10.000 euros». Y por eso solicitan al Ejecutivo y al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana de forma más concreta establecer «un fondo de contingencia» para «ayudar a las comunidades que deban afrontar costes importantes y que superen su capacidad». Con ello buscan, en definitiva, que «ningún propietario se vea obligada a paralizar el uso de su ascensor por no poder hacer frente a las reformas necesarias».