La Fiscalía Superior de Euskadi ha enviado ya su informe a la Fiscalía General del Estado sobre los casos abiertos en el País Vasco de presuntos abusos sexuales en órdenes religiosas de la comunidad autónoma. El órgano que dirige Carmen Adán ha informado de cuatro ... denuncias en marcha por la vía penal porque los hechos no han prescrito. El Ministerio Público mantiene la confidencialidad de esos presuntos delitos al tratarse de investigaciones abiertas en los juzgados y no revelará detalles sobre las personas implicadas. Tampoco se aclara si las denuncias afectan a las tres provincias o se concentran en alguna de ellas.
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La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, remitió el 31 de enero una directriz a las delegaciones territoriales reclamando información sobre los procesos abiertos en cada territorio. Les daba diez días para recabar y remitir la documentación. La Fiscalía vasca ha cumplido ya los trámites y enviado su informe, elaborado con datos de los tribunales vascos y de la comisión que la Diócesis de Bizkaia mantiene abierta desde 2019.
Uno de los componentes de este grupo de trabajo es el exagente de la Ertzaintza Teo Santos. El Obispado vizcaíno atiende desde el mes de enero a una veintena de víctimas, como adelantó este periódico el pasado domingo. La mayoría de los casos han prescrito y la Diócesis que dirige Joseba Segura se está encargando de prestar apoyo psicológico a los afectados.
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El informe de la Fiscalía, en cambio, aborda solo los casos que han acabado o pueden acabar en una sentencia. Los datos remitidos al Ministerio Público en Madrid pretenden servir para componer una fotografía de los procedimientos en curso en los juzgados. La mayoría de las comunidades también han enviado ya sus informes. Castilla-La Mancha, por ejemplo, tiene en curso cinco denuncias, una de las cuala protagoniza un sacerdote que ya fue condenado por catorce abusos sexuales sobre siete niños.
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Todo ello se produce en el momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende impulsar una investigación sobre los abusos a menores por parte de religiosos en toda España. El PSOE abandera la idea de que sea el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien se encargue de esta labor de recopilación de datos.
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