La falta de espacio en los vertederos vascos obligará a reordenarlos para evitar el colapso

El plan pivota alrededor de la necesidad de reducir la cantidad de materiales que acaban en los vertederos. Y no es un reto menor. El accidente de Zaldibar puso el foco en un problema de considerables dimensiones: la escasez de espacio al que llevar los residuos no peligrosos. El obligado cierre de Zaldibar, unido a los de Mutiloa y Larrabetzu, dejó la capacidad en 4 millones de metros cúbicos. El problema es que se estima que en 2030 se necesitarán 7,5 millones, es decir, 3,5 más de lo que podrían soportar los depósitos vascos.

El documento no contempla el desarrollo de nuevos depósitos. ¿Qué se hará con los residuos? Algunos se seguirán sacando a vertederos de otras comunidades, aunque el documento «contempla los principios de autosuficiencia y proximidad recogidos en la normativa comunitaria. Hasta ahora se han llevado fuera alrededor de 65.000 toneladas, aunque fuentes del sector aclaran que estos traslados no se deben a que no haya capacidad de absorción aquí, sino a cuestiones de proximidad geográfica o al precio por ejemplo.

La solución pasa, según contempla el plan diseñado por el Gobierno vasco, por que en 2030 se reduzcan hasta en un 85% los aportes a vertederos. Para conseguirlo, se pondrá en marcha una nueva política de tratamiento basada en recuperar, reconvertir y reutilizar todo lo posible. También se rediseñará la forma en la que se almacenan los desperdicios, algo que se hará más ordenadamente con vistas a que sea más accesible para su posible reciclado en el futuro. Estas prácticas conseguirían un doble objetivo: acabar con el problema de capacidad e impulsar la economía circular, uno de los pilares de la agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo contra el cambio climático.

No será un camino sencillo. Olga Martín, directora general del clúster medioambiental vasco Aclima, mantiene que «para alcanzar los objetivos es necesario un proceso de transición real que responda a las necesidades actuales de la industria». Ve imprescindible «garantizar la disponibilidad de suelo industrial para el desarrollo de las infraestructuras necesarias y disponer de instalaciones de cierre del ciclo de valorización energética». También destaca la necesidad de «facilitar la inversión en infraestructuras de valorización e incentivar la innovación para el desarrollo de tecnologías que generen este nuevo tipo de negocios». El plan de gestión de residuos contempla el desarrollo de 10 plantas de este tipo.

De momento solo se ha hablado de dos de ellas: la de Bergara, en la que se obtendría cal a partir de los residuos de empresas recicladoras de papel; y la de Zumarraga, para la transformación de plásticos. En el caso de la primera, el proyecto ha quedado aparcado después de que el Ayuntamiento denegara el permiso para su instalación. Mikel Otero, parlamentario de EH Bildu, grupo que gobierna en el Consistorio bergararra, puntualiza que la instalación «no está descartada» y que podría desarrollarse «en otra zona donde sí estuviese permitido por las normas municipales» Este ha sido el motivo de la paralización.

6,08millones de toneladas de resduos produjo Euskadi en 2018.

55%de los desechos producidos en 2018 eran no peligrosos.

Una de las sorpresas de la tramitación del plan de residuos ha sido el apoyo de la izquierda abertzale en un asunto que ha provocado serias fricciones con PNV y PSE. «No es el documento que haríamos si estuviésemos en el gobierno, pero recoge acciones y objetivos interesantes», explica el parlamentario para quien, a pesar del respaldo, el documento se queda escaso. «Lo que necesita Euskadi es una ley de residuos ya que un plan no es vinculante por muy ambicioso que sea». Ekologistak Martxan, que también presentó alegaciones, coincide en la necesidad de que exista una normativa como tal «porque lo aprobado no dejan de ser recomendaciones que si no se cumplen no pasa nada». Respecto al plan, el grupo ecologista también lamenta «su escasa ambición».

El establecimiento de un canon que grave a quienes viertan o incineren es una de las principales novedades de la hoja de ruta a 2030. Va en sintonía con el plan recientemente aprobado por el Gobierno central, que contempla el pago de 40 euros por tonelada generada. Casi todos los partidos lo ven con buenos ojos, aunque con matices. Mientras Bildu espera que cuando se establezca la cuantía sea ambiciosa y lo recaudado se invierta dentro del propio territorio vasco, tanto Ekologistan Martxan como Elkarrekin Podemos censuran que «a día de hoy se siga sin implantar», lo mismo que «se continúa colmatándose vertederos y quemando residuos». Desde Vox critican que se siga «cargando» de impuestos «a todos los vascos». «Coincidimos en el principio de quien contamina paga y de que es mejor usar, cuidar y renovar que retirar, pero son conceptos que no se pueden separar de otros, como el de la eficiencia económica».

El plan no deja indiferente a nadie. Mientras algunos lo tachan de poco ambicioso, otros, como el PP vasco, consideran que en sus primeras versiones pecaba de lo contrario por lo que «consideramos que corría peligro de no llegar a cumplirse», razón por la que presentaron «varias enmiendas, que fueron incluidas». «Ahora incorpora una revisión de los objetivos de cumplimiento a mitad de plazo, que permitirá acelerar el nivel de gestión o incidir en la generación de residuos, en caso de ser necesario, para llegar a su fin cumpliendo el objetivo marcado», detalla la popular Muriel Larrea.

La clave estará en todos los ámbitos de la sociedad. Lo remarca la jeltzale María Eugenia Arrizabalaga. «Todos debemos ser responsables y comprometernos con las políticas más radicalmente medioambientales de gestión de residuos, con los objetivos de la economía circular europea, con la lucha contra el cambio climático y con la transición ecológica». Un aspecto en el que coincide el parlamentario socialista Alberto Alonso. «Las empresas con un uso más intensivo de recursos tienen que tomar conciencia de la importancia de la reutilización y la valorización. Los ciudadanos, por nuestra parte, tenemos que avanzar hacia un cambio de las pautas de consumo».