Euskadi dispondrá de un Registro Oficial de Eutanasia que documentará cada caso

Las exigencias planteadas por la legislación general conforman una lista tan larga que el viernes ni el País Vasco ni ninguna otra autonomía serán capaces de brindar la prestación al cien por cien. Así lo creen, al menos, los expertos consultados por este periódico. «Tres meses, que es el tiempo que transcurre desde que la ley se publica en el Boletín Oficial del Estado hasta su entrada en vigor, es un plazo un poco justo para la cantidad de procesos que se necesitan impulsar», admite el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia, Cosme Naveda. «Hay que crear órganos, comités, elaborar protocolos, diseñar documentación, formar al personal... son demasiadas tareas», detalla.

El primero de esos pasos ya se ha dado, aunque faltan muchísimos más. El Boletín Oficial del País Vasco publicó el pasado viernes la orden de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, por la que se nombra a los 25 miembros que formarán la llamada Comisión de Garantía y Evaluación en materia de eutanasia de Euskadi, cuyas identidades se detallan en la ficha que acompaña a esta información. Esa comisión será el máximo órgano de decisión para todo lo relacionado con la gestión del servicio y estará compuesto por profesionales procedentes de los ámbitos de la medicina, la enfermería y el derecho, así como la psicología y la asistencia social.

Los miembros del grupo se han elegido siguiendo un doble criterio. La variedad de sus perfiles profesionales responde, según se señala en la orden, al objetivo de garantizar que queden perfectamente cubiertas todas las necesidades emocionales y sociales de las personas que soliciten la eutanasia. La institución, además, está obligada a asegurar la «completa capacidad y autonomía del paciente» en el momento en que tenga que decidir su futuro.

A dos días de la entrada en vigor de la ley hay, sin embargo, una larga lista de cuestiones pendientes de resolver, según se recoge en una comunicación interna de Osakidetza a la que ha tenido acceso este periódico. Por ejemplo: la ley general obliga a las autonomías a crear un 'Registro de profesionales de la salud objetores de conciencia a realizar la ayuda a morir'. No todos los sanitarios estarán dispuestos a participar en el programa. Ni ese registro de objetores ni la documentación que requiera su normal funcionamiento existían aún a día de ayer.

Tres meses tampoco han resultado suficientes para diseñar el abundante papeleo que precisará la gestión de la eutanasia. Harán falta documentos para la prestación de la ayuda, para su denegación si fuera el caso, consentimientos informados y, entre otros, resoluciones oficiales, con modelos aún pendientes de confeccionar. La historia clínica electrónica también deberá ser adaptada para incluir toda la información relativa a este nuevo proceso; y se necesitará organizar, asimismo, campañas de divulgación dirigidas tanto al personal sanitario como a la ciudadanía, que tampoco están trabajándose.

Y aún hay más. «La nueva ley ha creado un derecho que se concibe como una prestación sanitaria», argumenta el experto en Cuidados Paliativos Jacinto Bátiz, director del Instituto para Cuidar Mejor, del hospital San Juan de Dios de Santurtzi . «Los profesionales, sin embargo -añade el experto- deberán satisfacer ese derecho sin disponer todavía de las herramientas necesarias para gestionarlo como establece el propio texto legal».

En la circular remitida esta misma semana a sus trabajadores, Osakidetza reconoce las dificultades que tendrá para formar a los profesionales y poner en marcha la maquinaria. «Disponemos de un escaso margen temporal para la realización» de las acciones que exige la ley. «Pero es nuestro compromiso -dice en ese escrito-, que todo esté a punto para que, a partir del 25 de junio, demos respuesta garantista y satisfactoria, tanto a pacientes como a profesionales, para cualquier solicitud de la nueva prestación sanitaria de la 'ayuda médica para a morir'».

En esa carta, el Servicio vasco de Salud se compromete a instruir al personal sanitario con un curso «no presencial» sobre «aspectos técnicos, éticos y jurídicos» dirigido a profesionales de la medicina y la enfermería. La primera de esas formaciones, prevista para esta misma semana, estará dirigida a tres o seis profesionales de cada hospital para, a partir de ahí, ir extendiéndose «en cascada» a las plantillas de otros ámbitos como residencias de mayores y centros de discapacidad. «No debemos esperar a que desde el Ministerio se coordine la formación continuada específica», dice Osakidetza a su plantilla.