Arrancan diez días de huelga en la red concertada al fracasar la negociación

El conflicto, de esta manera, va camino de enquistarse. Desde que caducó el convenio en 2021, han tenido lugar 17 reuniones, aunque en los últimos once meses sólo se han celebrado cuatro (tres de ellas, entre la semana pasada y este martes). No hay previstas más reuniones a corto plazo. La huelga afecta a unos 200 colegios en los que estudian 130.000 alumnos y en los que trabajan 9.000 profesionales.

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Según las fuentes consultadas, la propuesta de Kristau Eskola tiene como punto principal la equiparación salarial de los trabajadores con los empleados de la escuela pública para 2027. Se trataría de un incremento de en torno al 20% en el sueldo de los docentes de Primaria y de un 17% en el de los de Secundaria. Los aumentos también se aplicarían a otros colectivos profesionales, como los profesores de Infantil, especialistas de apoyo educativo, personal de administración y servicios...

Estos incrementos salariales estarían vinculados a un aumento de la financiación por parte del Departamento de Educación. La propuesta «obedece al principio de gratuidad de la enseñanza establecido por la nueva Ley de Educación». Los sindicatos, por contra, exigen como punto de partida un aumento salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años por el incremento del IPC. Consideran, además, que las conversaciones deben ceñirse a las mesas de negociación colectiva y no vincular los salarios a un eventual aumento de financiación pública.

El aspecto retributivo no es el único en discusión. Otro punto importante es qué va a pasar con los puestos de trabajo en un contexto de caída de la natalidad. La principal patronal, Kristau Eskola, propone un calendario de trabajo en el que se realice un diagnóstico de la situación y, a partir de ahí, «acordar medidas complementarias para los próximos 6/8 años para mejorar la calidad y acelerar la transformación pedagógica». Los trabajadores, por su parte, explican que ya hay planes para la recolocación del personal que deberían concretarse. Los ajustes de la jornada laboral, planes de euskera e igualdad y medidas de salud laboral y psicosocial son otros temas sobre los que se ha discutido sin ser posible alcanzar un acuerdo.

La falta de entendimiento entre las partes es total. En un texto conjunto, ELA, Steilas, CC OO y UGT señalan que tanto Kristau Eskola como Aice-Izea, la otra patronal con representación en la mesa, «no han hecho los deberes» ya que su propuesta «no garantiza el poder adquisitivo ni medidas para aliviar las cargas de trabajo y sigue sin medidas para garantizar el empleo ni mejoras para los sectores feminizados». En un comunicado propio, CC OO incluso habla de una «alarde de irresponsabilidad» por parte de las empresas. Y LAB demanda incrementos salariales para este año «de al menos el 15%».

En conversación con este periódico, María Eugenia Iparragirre, directora general de Kristau Eskola, considera que, si bien «la responsabilidad de alcanzar un acuerdo es compartida», «la responsabilidad de la huelga y de sus consecuencias es de los sindicatos». «Las peticiones de los sindicatos suponen incrementos de unas cuantías elevadísimas. Cada propuesta se traduce en un presupuesto millonario», algo que no considera «responsable» ni «realista». «No todas las propuestas son alcanzables», censura. «No se puede pedir actualizar los salarios de acuerdo al IPC, además de reducir el horario, lo que implicaría contratar más gente y al mismo tiempo blindar los puestos de trabajo».

Respecto a esto último, asegura que «la herramienta de la recolocación la podemos utilizar cuando hay dónde recolocar. Pero en el futuro, con el descenso de matrículas, no va a haber lugar donde hacerlo». Por último, muestra su preocupación por las consecuencias que la huelga pueda tener en la campaña de matriculación para el curso que viene. «Por no hablar del malestar que se genera en los claustros y en las plantillas para llevar adelante los proyectos educativos».

Por otro lado, los sindicatos, también han cargado contra el Gobierno vasco por haber decretado lo que consideran unos servicios mínimos «abusivos». Los centros deberán contar en todo momento con una persona de dirección y otra de subalternos. En Infantil y Primaria deberá haber un profesor por cada cien alumnos. En Secundaria, Bachillerato y FP, con que haya un docente para toda la etapa, independientemente del tamaño del centro, es suficiente. Trabajo también exige que haya una persona especialista de apoyo educativo por cada aula en la que haya alumnado con necesidades especiales (este punto es novedoso respecto a las anteriores convocatorias). Por último, a las aulas estables o centros de educación especial debe acudir como mínimo el 50% del personal.

Las familias no sólo están preocupadas por el hecho de que se mantenga la huelga. «Pedimos que lleguen a un acuerdo y que no sea sólo para dos años, porque si cada dos años estamos así, la educación de nuestros hijos va cada vez más retrasada, con más carencias. No podemos seguir así», han expresado las portavoces de 'AMPAs unidas', un colectivo que aúna a más de treinta asociaciones de padres y madres (es decir, a cientos de familias). Se han concentrado en Bilbao frente a la sede del Consejo de Relaciones Laborales, donde ha tenido lugar la reunión entre patronal y trabajadores.