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Tras más de un año de trabajo, el proyecto de Ley de Educación verá la luz el próximo martes, cuando se apruebe en el Consejo ... de Gobierno, según anunció ayer el consejero Jokin Bildarratz. A partir de entonces, el texto iniciará su trámite parlamentario hasta cristalizar como la ley definitiva, la que establezca el funcionamiento de colegios e institutos en Euskadi para las próximas décadas.
EL CORREO ha tenido acceso al tercer y último borrador del anteproyecto con el que ha trabajado el Departamento hasta hace pocos días. Uno de los aspectos más relevantes que recoge es la creación de un llamado Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas. Su misión será la de «fomentar el uso activo» del euskera. Dicho de otra manera, se encargará de la «dinamización del uso lingüístico en el ámbito escolar». O lo que es lo mismo, se encargará de velar por que se hable la lengua vasca tanto dentro de las aulas como en todo el recinto escolar.
Será un órgano que tendrá «autonomía funcional» dentro del Departamento de Educación; contará con «potestad de autoorganización» y, además, podrá aprobar «su propio reglamento de organización y funcionamiento». Todo ello evidencia el importante peso que tendrá dentro del sistema educativo. Entre sus funciones figurarán algunas de cierta trascendencia, como la «elaboración del currículo vasco» y la «organización de la producción de material escolar». Además, el anteproyecto señala que se ocupará de la «capacitación del profesorado», incluida la de «transmitir la cultura vasca». Y le corresponderá el «análisis, propuesta e implantación de las necesidades de certificación lingüística del Sistema Educativo Vasco».
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Este «instituto» que proyecta la nueva ley ha recibido, antes de ver la luz, las críticas de dos organismos de mucho peso: la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno vasco, dependiente del Departamento de Economía y Hacienda; y la Comisión Jurídica Asesora (Cojua), los servicios jurídicos del Ejecutivo autónomo . Sus dictámenes son preceptivos pero no vinculantes, aunque se sitúan en contra de su creación.
El área económica no ve nada clara la necesidad de constituir este nuevo órgano. De hecho, emite un «juicio desfavorable», ya que considera que su creación no está «suficientemente justificada». También critica que no se concrete la estructura del instituto, su plantilla ni la dotación presupuestaria. En términos parecidos se pronuncian los servicios jurídicos, que tienen que velar por que no se cometa ninguna ilegalidad. La Cojua pide «revisar y, sobre todo, completar la configuración» del nuevo ente que va a velar por el uso del euskera.
No es el único aspecto llamativo del último borrador con el que ha trabajado la consejería. El anteproyecto no hace ninguna referencia al actual sistema de modelos (A, B y D). El texto que Bildarratz presentará el martes aboga por instaurar un sistema único «plurilingüe» con el euskera como «eje». Habla del euskera, el castellano y un idioma extranjero -se entiende que el inglés- como «lenguas de aprendizaje». En ningún momento se utiliza la expresión «lengua vehicular», aunque sí se menciona que los centros deben «priorizar» la lengua vasca.
Se trata de una redacción vaga que por sí sola no permite saber qué tratamiento tendrán los idiomas en la educación del futuro. Una vez abolidos los modelos, ¿podrán los más de 70.000 alumnos que estudian en los modelos A y B seguir recibiendo Matemáticas o Biología en castellano? La respuesta se encuentra en los decretos curriculares (hay uno para Educación Infantil, otro para Educación Básica y otro para Bachillerato), que concretan y desarrollan los contenidos de la futura ley. Todavía no están aprobados, pero sus borradores fueron remitidos a los centros educativos al inicio de este curso. En lo que se refiere al modelo lingüístico, sí hablan claramente del «uso del euskera como lengua vehicular».
Los servicios jurídicos del Gobierno vasco hacen algunas matizaciones en este punto. Recalcan que la futura ley «no va a separar el alumnado por centros o grupos, en función de un modelo lingüístico», lo que, indican, permite la Constitución. Pero quieren subrayar que existe un límite: «que el castellano no sea excluido como lengua docente, así como tampoco lo puede ser la lengua cooficial», en este caso el euskera.
La Asesoría Jurídica advierte que el TC ha reiterado en varias ocasiones que «la cooficialidad ha de sujetarse a un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas, de forma que en ningún caso ha de otorgarse prevalencia o preponderancia a una lengua sobre otra». Este misma semana, la Corte de Garantías ha vuelto a insistir en esta idea en su sentencia sobre la 'ley Celaá'.
Hasta ahora tanto la Ley de Normalización del Euskera (que data del año 1982) como la Ley de Educación vasca en vigor (de 1993) reconocen el sistema de modelos lingüísticos. Y, aunque con el paso del tiempo el modelo D se ha convertido en hegemónico, sobre el papel una familia tiene derecho a matricular a su hijo en castellano porque la ley así lo reconoce. En la nueva norma esto no se contempla de forma tan explícita.
En este sentido, es relevante el último tirón de orejas del Ararteko. En su informe anual remitido al Parlamento vasco, Manuel Lezertua mostraba su «inquietud» por el hecho de que las familias que vienen de fuera de Euskadi tengan que matricular a sus hijos en euskera.
El anteproyecto nace del pacto educativo que suscribieron el 7 de abril de 2022 PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU. Un amplio respaldo superior al 90% del Parlamento vasco. Solamente se quedaron fuera PP+Cs y Vox. Sin embargo, ese apoyo se ha ido resquebrajando con el paso de los meses. La coalición morada considera que los pasos dados por el Departamento (los decretos de admisión, planificación, la renovación de los conciertos educativos...) no responden al «espíritu» del pacto y no priorizan la red pública frente a la concertada.
El calendario complica que la ley se apruebe esta legislatura. La actividad parlamentaria se paraliza por las elecciones municipales y forales de mayo. Julio, agosto y la mitad de septiembre son inhábiles. En otoño se prioriza la negociación presupuestaria y habrá otro parón por las generales de finales de año. Enero vuelve a ser inhábil y, si se convocan elecciones autonómicas en abril o mayo -como es probable-, la Cámara se disolverá entre febrero y marzo.
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