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Una de las claves de la nueva ley es la creación del Servicio Público Vasco de Educación. El anteproyecto lo define como «el servicio dirigido ... a satisfacer el derecho fundamental a la educación, prestado a través de los centros públicos y privados concertados, de acuerdo con los requisitos que se establecen en la presente Ley y en su desarrollo reglamentario».
Es un punto importante porque es el nuevo ente que aglutina a los colegios públicos y concertados, ya que a ojos de la Administración ambos son centros «de interés social». Por ejemplo, el nuevo decreto de planificación, presentado en febrero, afirma que el Gobierno «garantiza que todo alumno y alumna disponga de una plaza escolar, en un centro sostenido con fondos públicos». La Lomloe, en cambio, garantiza una «plaza pública».
En su artículo 25, el último borrador disponible del anteproyecto explica que la prestación de ese servicio se realizará a través de los centros públicos y privados concertados, siempre y cuando cumplan unos requisitos. Es decir, en el caso de la concertada, su financiación estaría vinculada a que cumpla dichos principios. Entre ellos, que sean centros sin ánimo de lucro, que atiendan al alumnado vulnerable, que se comprometan contra la segregación, que garanticen la libertad sexual y de género, la laicidad... Y también que «prioricen» el euskera «dentro del sistema educativo, tanto en la actividad educativa, como en las relaciones profesionales, así como en las relaciones formales e informales entre el alumnado y el profesorado, y el cumplimiento de los objetivos lingüísticos establecidos».
La Comisión Jurídica Asesora (Cojua), los servicios jurídicos del Gobierno vasco, no obstante, aconsejan al Gobierno suprimir este conjunto «abigarrado» de exigencias. También dice que, si se va a crear una nueva categoría de «centro concertado de interés social», sería aconsejable una regulación con mayor densidad, «sobre todo si ello va a suponer un diferente tratamiento a la hora de recibir financiación pública».
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