Euskadi descarta subirse a la ola que pide prohibir los móviles en los colegios

El debate está abierto en todo el mundo. Ya están prohibidos los teléfonos inteligentes en países como Italia, Francia o Reino Unido y en comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia. ¿Y en Euskadi? Aquí, como en la mayoría de comunidades, cada centro decide su propia normativa. Y, en principio, así va a seguir hasta nuevo aviso. El Gobierno vasco asevera no haber recibido un número suficiente de solicitudes de las familias en este sentido. «No nos consta que exista esa reivindicación», recalcan fuentes de Educación. Además, apuntan, «sería como ponerle puertas al campo», ya que los chavales apenas pasan «entre el 10% y el 12%» de su tiempo en el recinto escolar. Son exactamente las mismas palabras que ha utilizado la ministra de Educación para rechazar una prohibición generalizada en todo el país (aunque la competencia de Educación está transferida a las comunidades). «Más que prohibir hay que educar en el uso racional de las nuevas tecnologías», afirmaba Pilar Alegría.

«La cuestión no es de los centros, sino que ocurre durante todo el día», resumió gráficamente el consejero vasco, Jokin Bildarratz, en referencia al chat masivo con contenido pornográfico. En parecidos términos se expresó la consejera de Igualdad, Justicia y Política Sociales, Nerea Melgosa, sobre la polémica de los chats. Lo que pone de manifiesto, a su juicio, es «la importancia del control familiar a los menores».

En otros lugares, en cambio, la Administración lo interpreta en sentido contrario y recoge el guante de la preocupación de las familias. El mejor ejemplo es Cataluña. La presión de padres y madres, que han unido a su causa a no pocos docentes y directores de colegios, para blindar a sus hijos de los aspectos negativos de la tecnología ha provocado ya una primera reacción en el Govern. Educación tiene previsto enviar a todos los centros unas «pautas claras» de obligado cumplimiento. No se descarta prohibir el uso del teléfono en todo el recinto escolar.

Similares iniciativas se están planteando en Valencia, Canarias, Navarra (que acaba de anunciar que regulará los teléfonos: «Compartimos la preocupación de las familias», dijo el consejero) y Cantabria. En este último caso, Educación no sólo insta a los colegios a «prohibir» los teléfonos; también ha anunciado que no instalará más pizarras digitales en las aulas de Infantil y del primer ciclo de Primaria (de 1º a 3º) por la «sobreexposición a las pantallas en edades tempranas».

Es una filosofía similar, aunque no tan radical, a la que han seguido Suecia y Finlandia, países referentes en materia educativa. Fue muy sonada la decisión del Gobierno sueco de dar marcha atrás en su proceso de digitalización y volver a los libros. El giro se adoptó después de conocer el grave retroceso en los resultados de los estudiantes de 4º de Primaria en comprensión lectora en la prueba internacional PIRLS. La puntuación de Suecia, por cierto, fue superior a la española. Euskadi rechazó participar en el estudio.

En Italia han ido más allá y han obligado a las operadoras a instalar un pin parental en todos los móviles que bloquee el acceso a páginas porno y de apuestas, entre otras. Es un paso más en una política que también ha prohibido los móviles y todas sus variantes (como los relojes inteligentes) en los colegios. En nuestro país, solamente lo han hecho Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. La comunidad madrileña, además, acaba de incluir los móviles y las redes sociales dentro de su plan contra las adicciones. El debate es serio.

Pero volvamos a Euskadi. Según la encuesta 'Sociedad de la información y la comunicación en los centros educativos' del Ministerio de Educación, en el curso 2020/21 (últimos datos disponibles), el 57,6% de los institutos públicos permitía a los alumnos de la ESO utilizar el móvil en clase «con fines educativos», pese a que la mayoría cuenta ya con ordenadores o tablets. En la concertada era el 47,7%.

En la escuela pública, en general, hay cierto consenso: no es necesaria una normativa común. La federación de Ampas, Ehige, apuesta por consensuar los reglamentos de cada centro con los propios alumnos. «Es una manera de que se sientan parte del proceso y no lo reciban como algo impuesto», explica la coordinadora de Ehige, Lurdes Imaz. Heize, la federación de directores, es partidaria de que sea la comunidad educativa de cada instituto la que regule «cuándo, cómo o si está prohibido el uso dentro del centro». En todo caso, si Educación decidiera intervenir de forma generalizada «podría ser en los dos primeros cursos de la ESO». «El uso de los teléfonos a veces también ayuda en el proceso de aprendizaje», argumenta, por lo que aboga por «formar y empoderar a alumnos, profesores y familias». Y tanto LAB, sindicato mayoritario, como Steilas, el principal entre el profesorado, consideran que el debate de prohibir los dispositivos «no está sobre la mesa» en Euskadi. «Somos partidarios de la autonomía de los centros», indica Irati Tobar, portavoz de la central abertzale. «No creo que el departamento tenga que elaborar una normativa, pero sí algunos criterios y recomendaciones en el ámbito pedagógico», abunda.

En cuanto a la red concertada, hay diversidad de opiniones. Según revelan varios directores consultados, lo más habitual es que los alumnos no puedan usar el móvil en el recinto escolar, aunque algún centro permite a los últimos cursos de ESO y Bachillerato utilizarlo en el patio. Las sanciones por el uso inadecuado -«a veces vemos vídeos de nuestros alumnos en TikTok en horario escolar», explica un responsable- suele ser la confiscación del teléfono durante toda la jornada o, en algunos casos y si el infractor es reincidente, durante varios días. Puede llevar aparejado que sea la familia la que deba ir a por el dispositivo, lo que «a veces» provoca problemas.

Por eso, apunta un responsable, «sería interesante tener unas pautas comunes porque da peso institucional a decisiones que ya estamos tomando los colegios. Ese apoyo es valioso ante los casos de familias que muestren discrepancias». «Sería aconsejable», valoran varios directores. Aunque, tal y como apuntan, «la gran responsabilidad recae en las familias». «¿De verdad necesitamos que Educación nos diga lo que tenemos que hacer?», se cuestiona, por su parte, otro consultado. A su juicio, lo que la consejería debería hacer es «exigir» a todos los centros que hagan una «regulación explícita» del móvil en sus planes de convivencia.