Euskadi es la comunidad que más dinero dedica por alumno a los centros concertados

El trabajo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística recoge, asimismo, cómo tres cuartas partes (73%) de la financiación de estos centros no universitarios procede de las arcas públicas, cuando en el resto del país esa media se sitúa en la mitad (57%). De hecho, el pago que procede de las familias alcanza los 1.415 euros por alumno, muy inferior a los que aportan desde los hogares catalanes, donde la media es de 2.832 euros.

En las últimas semanas, sindicatos y partidos han mostrado su temor a que la nueva ley de educación que ha planteado el Gobierno vasco y que está pendiente de la tramitación en el Parlamento autonómico eleve las ayudas a los centros concertados. Elkarrekin Podemos ha llegado a amenazar con echarse atrás en el preacuerdo firmado por PNV, PSE y EH Bildu si seguía adelante la voluntad del Ejecutivo de extender las ayudas a los centros privados que ofrecen aulas para alumnos de 2 años.

La ayuda a la red concertada queda, no obstante, lejos de lo que supone la inversión en los colegios e institutos públicos, en los que, según otra encuesta del INE hecha pública antes del verano, la cantidad que corresponde a cada escolar es de 9.868 euros.

La encuesta del INE se completó ayer con datos ofrecidos por el Eustat. El centro de estudios vascos contabilizó que en los 469 centros de la red de enseñanza privada y concertada de Euskadi cursan sus estudios más de 214.000 alumnos, desde la educación infantil hasta la universitaria. El presupuesto que dedicaron a los estudiantes ha crecido un 14% en el periodo que va de 2018 a 2021.

El análisis del Eustat se centra también en las cuotas que cobran colegios e institutos de la red privada y concertada. Estos centros ingresaron casi 400 millones por este concepto. Una parte de esas aportaciones fueron las habituales para abonar servicios de comedor, transporte y actividades complementarias, como excursión. Pero el grueso de estos ingresos, 295,7 millones, procedían de las denominadas «cuotas de enseñanza», mensualidades encubiertas que perseguirá la futura Ley de Educación en los centros que reciben algún tipo de financiación pública. En la práctica, está ya prohibido desde la década de los ochenta, aunque es una práctica habitual. Los colegios aducen que no pueden hacer frente a los gastos solo con la inversión de la Administración, que en principio concierta esas plazas porque el sistema público no da para cubrir toda la demanda. En todo caso, esos 295 millones incluyen también el precio que pagan los padres por escolarizar a sus hijos en colegios exclusivamente privados, que no reciben ayudas públicas y que seguirán cobrando cuotas pese a la entrada en vigor de la nueva ley.

De la 'Estadística de gasto y financiación de la enseñanza privada' publicada ayer por el Eustat, además de esas cifras, se desprende que, en la última década, el porcentaje que aporta el Ejecutivo autonómico a los colegios privados se ha mantenido en una horquilla muy similar. Se mueve por encima del 60% del presupuesto total de los centros. La segunda fuente de ingresos por importancia, revela el informe, que se realiza cada tres años, son las cuotas: suponen un 32,7% del dinero con el que cuenta la red. Y aquí destacan las ya citadas de enseñanza. En 2021 supusieron el 24%. Uno de cada cuatro euros con los que se financió la concertada procedía de ahí.