Medio centenar de profesores de la UPV reclaman una prima por prejubilación

Estos incentivos, que pueden alcanzar incluso los 100.000 euros, se aprobaron en 2010, en un contexto de bonanza económica, en el que se buscaba estimular la prejubilación para rejuvenecer la plantilla. Sin embargo, ahora ya no hay tanto dinero en las arcas de la institución pública y, al igual que en otras administraciones, se tiende a que los profesionales agoten su periodo laboral. La eliminación de las primas fue una de las principales novedades del nuevo Plan de Racionalización de Recursos Humanos, aprobado el pasado 20 de octubre, con medidas de tránsito a la jubilación que anulan los anteriores acuerdos y que entrarán en vigor a partir de enero. Esta decisión ha causado un gran revuelo entre los sindicatos por haber visto la luz de forma «unilateral» y sin «negociación previa».

Los responsables del equipo rectoral adujeron entonces que la concesión de los pluses incurre en la ilegalidad, según varias sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. El informe del Aldezle al que ha tenido acceso este diario, emitido el pasado 21 de noviembre, advierte de la «complejidad técnica» con autos judiciales que sí reconocen que se trata de una medida ilegal, pero recuerda que existen otras sentencias que no encuentran problema al abono de las primas. De hecho, Iñigo Urrutia, el profesor de Derecho que ostenta el cargo de defensor universitario, afirma que «la falta de una regulación más detallada del contenido de estas medidas ha suscitado dudas sobre la identificación de las mismas y ha generado por ello pronunciamientos no siempre coincidentes».

La labor del Aldezle es meramente preventiva y consultiva. No es un juez y sus informes no son vinculantes. De hecho, recuerda que, salvo en circunstancias excepcionales, no interfiere en asuntos sometidos a la negociación colectiva. Sin embargo, sí pega un pequeño tirón de orejas a la UPV/EHU y recomienda a las partes un «esfuerzo adicional en el ámbito negociador».

La decisión «unilateral» tomada por la gerencia de la UPV/EHU en un asunto que forma parte del convenio colectivo es lo que ha irritado a las organizaciones sindicales y lo que ha propiciado que varias centrales hayan llevando a los tribunales a las instituciones. Comisiones Obreras ya ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior. A juicio de su portavoz en la UPV/EHU, Raúl García, la medida provocará que menos profesionales se jubilen y dejen su hueco a las nuevas generaciones en una plantilla envejecida, con una media de 46 años entre los 5.000 miembros del Personal Docente Investigador.

Aunque responsables de la UPV/EHU aseguran que los profesionales que han acordado sus prejubilaciones antes del 31 de diciembre de este año sí cobrarán estos pluses, algunas administrativas afirman que se les ha concedido la reducción de jornada pero no se les ha aclarado si cobrarán la prima. «Lo pedí el año pasado, he realizado varias consultas, pero no me contestan. Si nosotros firmamos con unas condiciones deberían mantenerse», señala una trabajadora que espera una indemnización de unos 20.000 euros.