«Las ofertas no son rentables, y somos negocios privados»

El Ejecutivo también ha abierto una vía judicial al acusar al sector de actuar de forma concertada. Los aludidos niegan cualquier acuerdo ilegal entre ellos. «¿Un cártel? Las propuestas del Gobierno no son rentables y somos empresas privadas, igual el que está haciendo algo mal es el Gobierno porque es el tercer año consecutivo que hay problemas para las adjudicaciones», recordó Soleto. «Todos queremos trabajar y no morder la mano del que nos da de comer, pero una cosa es no perder dinero y otra ganar algo».

Frente a las declaraciones del consejero Bildarratz, que no se explicaba ayer por qué las mismas subidas de precios que valen en Gipuzkoa no han atraído a empresas interesadas en Bizkaia y Álava, Soleto defiende que se trata de «situaciones no equiparables» por las diferentes necesidades de servicio. Como en Gipuzkoa hay colegios con horarios más escalonados para entrar y salir, «con un autobús y un chófer puedes hacer hasta seis servicios en un día. En Bizkaia, en cambio, la homogeneidad requiere de más flota y personal para hacer la misma función, e incluso «decir 'no' a otros trabajos». Por ejemplo, un traslado de trabajadores hasta su empresa a primera hora.

Otro de los asuntos que ha enquistado las adjudicaciones para el curso que arranca es, según este gerente, la aparición en los contratos de lo que considera nuevas «cláusulas abusivas». Una de ellas fija sanciones si el servicio falla -«podemos estar hasta tres días trabajando sin cobrar»- y otra exige que las firmas tengan un autobús «nuevo y del mayor tamaño» en el garaje «sin usar» por si existen imprevistos.

Soleto también se queja de que las condiciones laborales exigen a las empresas «sobredimensionar» sus plantillas sin que el Gobierno vasco «nos deje repercutirle parte del gasto». Y eso que reconoce que Educación ha elevado las cuantías un 34% desde 2017. «Sí, pero lo que no dice Bildarratz son los años que estuvieron antes sin aplicar el más mínimo incremento. Y fueron muchísimos».

Cuestionado por lo que va a ocurrir a partir de ahora, Soleto no descarta nada. Prefiere no pronunciarse sobre la vía judicial abierta por el Gobierno al remitir a la Fiscalía lo que considera «indicios de delito» -«sé lo que yo haría pero habrá que hablarlo con los abogados»-, pero sí lo hace sobre el decreto que obliga a su empresa a cubrir rutas desde la semana que viene. «¿Que si vamos a acatar? Ya lo veremos», advierte.

Después explica sus dudas. «¿Qué pasa si he vendido autobuses? ¿Qué pasa si quiero cerrar la empresa porque me quiero jubilar? ¿Qué pasa si no tengo a los trabajadores dados de alta?», pregunta. «Nos dicen que hay que hacerlo sí o sí, pero oiga, igual alguien no se ha presentado al concurso porque ya no puede o no quiere hacer el servicio», concluye.