Educación avisa a las ikastolas que su desafío deja a alumnos «sin expediente académico»

Desde esa perspectiva, Bildarratz ha pedido «no confundir» a las familias. Ikastolen Elkartea, en un duro comunicado publicado el miércoles, amenazó con no derivar a otros centros a los alumnos que hayan solicitado plaza en alguna de sus ikastolas. Sin embargo, esa competencia corresponde a Educación. «Quien matricula a los estudiantes es el departamento», ha subrayado el consejero, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento vasco. Por tanto, si las ikastolas se niegan a acatar la normativa y matriculan alumnos que no les corresponden, corren el riesgo de dejarlos fuera del sistema educativo. «No van a tener expedientes académicos», ha advertido Bildarratz.

Tras la polémica desatada por las ikastolas -son más de 60 centros- y, en menor medida, Kristau Eskola (con 120 centros, se compromete a cumplir la normativa pero censura la «falta de transparencia» en la asignación del alumnado), Bildarratz ha querido enmarcar el debate con cifras. Así, reveló durante el pleno de control en el Parlamento vasco que el 93,8% de las familias que completaron la matrícula para el aula de dos años han sido admitidas en el primer centro que solicitaron. El 3,9% han sido derivadas a otros que marcaron como segundas o terceras opciones. Y el 2,33% han tenido que ser asignadas por Educación

Ha habido un total de 11.963 solicitudes, por lo que las familias a las que se ha asignado un centro de oficio son 240. «La mayoría de estas familias habían solicitado tan solo un solo colegio, y al quedarse sin plaza porque había otras familias con mayor puntuación que ellas, y desconocer qué otro centro les podían interesar, ha sido necesario asignarles la plaza que hemos considerado la mejor opción», ha explicado.

El problema de fondo son los cambios en la admisión del alumnado en el aula de dos años. El más relevante fue el establecimiento de un índice de vulnerabilidad, según el cual los centros escolares tienen que reservar un cupo de plazas para estudiantes catalogados como vulnerables, lo que se hizo a través de un controvertido test. Las escuelas concertadas afirman que, mientras hay familias a las que se rechaza, los centros no tienen la garantía de que las plazas destinadas al alumnado vulnerable vayan a llenarse.

Bildarratz ha replicado que el nuevo proceso de matriculación ha sido «debatido, contrastado y consensuado con agentes y patronales educativas» y que no ha recibido «ningún recurso». La normativa se guía por el «espíritu» del acuerdo educativo alcanzado por la mayoría del Parlamento vasco en abril de 2022. El consejero ha subrayado que el pacto recogía el compromiso de que todos los centros financiados con fondos públicos «se responsabilicen de igual manera de determinados elementos como pueden ser la vulnerabilidad» para lograr «una mayor cohesión social». El consejero comparecerá en el Parlamento para explicar el desarrollo de la campaña.

Los partidos también se han posicionado. Ikoitz Arrese (EH Bildu) pidió «tranquilidad» y «rigor»; Alfredo Retortillo (PSE) considera «inaceptable» que se pretenda hacer ver que son los centros «quienes eligen a sus alumnos», como, a su juicio, dejan entrever las palabras de Ikastolen Elkartea. Miren Gorrotxategi (Podemos-IU) se cuestiona si el Gobierno vasco «va a seguir sufragando con dinero público a centros que no cumplen la ley»; para Carmelo Barrio (PP), la polémica es síntoma de la «mala gestión del pacto educativo» y, a su juicio, complica la tramitación de la futura ley; y Amaia Martínez (Vox), considera que es «un ataque a la libertad de elección de las familias». El PNV se ha remitido a las declaraciones de Bildarratz.