Las ikastolas se rebelan contra Educación al incumplir la normativa de admisión del alumnado

En paralelo, Kristau Eskola, la principal patronal de la escuela concertada -tiene 120 centros- también critica la falta de claridad del Departamento a la hora de explicar los criterios que han guiado la nueva normativa. Solicita que se amplíe el plazo para presentar reclamaciones por la asignación de plazas, que finaliza el próximo martes. Aun así, no confronta con el Ejecutivo y asegura que cumplirá con la ordenanza. Mañana ha convocado de urgencia a todos sus directores para analizar la situación. Pese al tamaño del desafío, el Gobierno vasco ha rechazado hacer declaraciones.

¿Qué ha pasado? El Ejecutivo autonómico introdujo una serie de cambios de calado en la normativa que regula la admisión del alumnado. El principal de ellos es la reserva de plazas para alumnado considerado vulnerable en las aulas de 2 años. Se entiende por vulnerable aquél con necesidades educativas especiales, situación de vulnerabilidad socioeconómica, desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje...

Para establecer quién entra en esa categoría, se utilizó un cuestionario que, entre otros aspectos, preguntaba a las familias por el número de dispositivos electrónicos que había en casa o el número de libros. El objetivo era determinar el nivel sociocultural de cada familia para decidir si sus hijos eran catalogados como vulnerables (Educación estima que el 15% del alumnado vasco entra en esta categoría).

Lo que censuran tanto Ikastolen Elkartea como Kristau Eskola es la «falta de transparencia» a la hora de explicar los criterios que se han seguido para confeccionar dicho cuestionario y determinar esos índices de vulnerabilidad. Es una crítica que también se ha hecho desde Ehige, la confederación de asociaciones de padres y madres de la red pública. Se trata de un aspecto determinante, ya que se están dando casos de familias a las que se rechaza porque su plaza está destinada a un alumno vulnerable. El problema es que muchos centros no tienen la garantía de que esas plazas se van a llenar. Las ikastolas exigen incluso conocer el porcentaje de pupitres que cada colegio tiene que reservar.

Hubo un segundo cambio importante. Para combatir la segregación, el Gobierno vasco entiende que se debe limitar la sobreoferta de plazas, ya que eso acaba provocando que las familias con capacidad adquisitiva para elegir centro se concentren en unos colegios, mientras quienes carecen de recursos se dirijan a otros. ¿Cómo limitar ese exceso de plazas? Prohibiendo a los colegios privados concertados admitir más alumnos que los que ya tienen este curso.

En años anteriores, era muy raro que una familia se quedase fuera del centro que elegía. Básicamente, los colegios ampliaban las ratios de alumnos por aula o, si conseguían reunir un número suficiente, abrían nuevas líneas -siempre que contasen con el plácet de la administración-. Eso ahora ya no funciona así.

Estos dos cambios -el índice de vulnerabilidad y el límite máximo de plazas- se conocían desde hace meses. El decreto de admisión es de noviembre. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha estallado la polémica. Cuando ha habido familias, con nombre y apellido, que han visto frustrada su voluntad de matricular a sus hijos en un colegio determinado.

Si en un centro hay más solicitudes que plazas ofertadas, entran en juego los criterios de baremación. Las familias tienen puntos por proximidad del colegio al domicilio, presencia de hermanos o hermanas en el centro, ser familia numerosa, renta... Si, después de este concurso, una familia es rechazada de su primera opción, entraría en la segunda (a no ser que haya un exceso de demanda, en cuyo caso se repite el proceso, y así sucesivamente).

Sin embargo, hay familias que no entran en los centros seleccionados (bien porque sus plazas están reservadas para vulnerables, en el caso del aula de dos años, bien por el nuevo límite de plazas impuesto por el Gobierno vasco). Entonces, es la propia administración la que las deriva de oficio a otro colegio. Y ahí el criterio que prima es el de proximidad. Si una familia de Bilbao solo ha pedido entrar en un colegio religioso en Leioa y no es admitida, el Ejecutivo deriva a su hijo a un centro de su barrio. Puede ser incluso que acabe en un colegio público o una ikastola.

A este respecto se ha pronunciado la directora general de Kristau Eskola. María Eugenia Iparraguirre pidió que se garantice a las familias el derecho de elegir el modelo de educación, de manera que, en los ajustes para equilibrar los índices de vulnerabilidad de cada centro, no se deriven alumnos que han elegido escuelas concertadas cristianas a centros públicos y viceversa. Aunque mostró su compromiso con la lucha con segregación.

Hay, además, otra derivada. La natalidad en Euskadi está en caída libre. 2021 fue el año con menos nacimientos desde 1975, según el Eustat. Son los niños que el año que viene ingresarán en las aulas de dos años. El 'pastel' a repartir es cada vez más escaso.

Pese al desafío que supone la postura de las ikastolas, el Departamento de Educación no ha querido por el momento hacer declaraciones. La rebelión llega, además, apenas dos meses antes de que tengan lugar las elecciones municipales y forales. En Gipuzkoa, la pugna entre el PNV y EH Bildu es descarnada y, según los últimos sondeos, la igualdad entre ambos es máxima. Es en este territorio donde se ha producido la polémica por los criterios de admisión.

En un contexto distinto, el Gobierno vasco amenazó hace unas semanas a los colegios que segregan por sexo con retirarles la financiación si no aceptaban los nuevos criterios establecidos por la normativa estatal -y que recogerá la futura Ley de Educación vasca- referentes a mezclar a niños y niñas. Apenas dos semanas después de la advertencia del consejero, Jokin Bildarratz, estos colegios, vinculados al Opus Dei, anunciaron que a partir del curso que viene serán mixtos, aunque por el momento solo en Primero de Primaria.