Los colegios concertados de Euskadi piden 1.500 euros más por alumno a Educación para eliminar las cuotas

Directores y entidades que agrupan a ikastolas y centros concertados estiman que Educación tendrá que inyectarles «hasta 1.500 euros» más por alumno al año para hacer efectiva la desaparición de las aportaciones por servicios educativos que provienen de las familias. Si se tiene en cuenta que en la concertada cursan sus estudios algo menos de 166.000 alumnos, el Gobierno vasco debería desembolsar por curso cerca de 250 millones de euros.

Solo de esa forma, aseguran en los centros, podrán suprimirse esas cuotas y lograr la gratuidad real de la enseñanza. Los colegios e institutos concertados reciben de la Administración pública 4.174 euros por estudiante, la cantidad más elevada de todo el país. Sin embargo, se trata de una cifra lejana a los fondos asignados a la escuela pública, que ascienden a los 10.000 euros. «La casuística de la pública requiere de una financiación media mayor, por ejemplo, por atender a alumnado en pueblos pequeños con ratios muy bajos. Pero esa diferencia, que es más del doble de coste por plaza, evidencia la infrafinanciación de la red concertada. Por ley sabemos que no podíamos cobrar nada desde hace casi 40 años, pero muchos centros no podrían abrir sus puertas sin la financiación complementaria de las familias», advierte Alfonso Blázquez, director de Santamaría Ikastetxea, en Portugalete.

La red privada subvencionada cubre con el concierto firmado con el Ejecutivo vasco alrededor del 70% de los gastos relativos a la enseñanza, otro 20% proviene de los ingresos que percibe de las familias y el 10% restante depende de la gestión propia para buscar fuentes de financiación alternativas. Los centros ven con buenos ojos la eliminación de las cuotas educativas, a las que la Administración ha hecho la vista gorda hasta ahora. «Se está diciendo que no hay que cobrar cuotas de enseñanza. No tenemos problema en no cobrarlas, pero cuando el Gobierno vasco financie el cien por cien de los gastos puros y duros de enseñanza», remarca José Luis Sukia, director general de Ikastolen Elkartea, la asociación que agrupa a las ikastolas.

Tampoco tienen inconveniente en hacerlas públicas en sus páginas webs, una de las medidas de control anunciadas por el Gobierno vasco la pasada semana. «Manifestamos nuestro compromiso a auditar las cuentas y mostrar la máxima transparencia en relación a las aportaciones en materia educativa y demás servicios», indica María Eugenia Iparragirre, presidenta de Kristau Eskola, una de las patronales de la concertada que aglutina a un total de 123 centros religiosos en la comunidad, que recuerda que por definición ponen todos sus recursos económicos al servicio de su proyecto educativo, es decir, no tienen ánimo de lucro.

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¿Y qué pagan los padres por la escolarización de sus hijos? Aunque lo hacen de forma encubierta, el sector reconoce abiertamente que se cobra por la enseñanza como tal y que tienen que hacerlo para ser rentables. Las familias pagan por servicios educativos bajo denominaciones muy variopintas como 'complemento de enseñanza', 'complemento funcionamiento', 'aportación familia' o 'coste de prestaciones'. Se trata de cantidades que varían según el centro y el curso. Las diferencias son llamativas: desde 35 euros al mes hasta casi 100. En el 90% de los casos, estas tarifas son obligatorias. Así lo revela el 'VII informe Garlic B2B', un estudio que analiza de forma anual el modelo de financiación de los colegios concertados.

Otra cosa son los servicios adicionales: transporte, comedor, extraescolares, excursiones, material escolar o la aportación a la AMPA. Éstos sí se autorizarán, tal y como ocurre en la pública. En el cómputo total, las cantidades van de los 26 euros a los 400 al mes, según el citado estudio, que también sitúa la cuota media en el País Vasco como la cuarta más elevada a nivel nacional (140 euros mensuales).

La ikastola Lauaxeta es uno de los pocos centros vizcaínos que ya aporta de forma precisa, con todo detalle, en su web la información relativa a sus precios. «Al ser una cooperativa de familias, es la propia asamblea la que aprueba las cuentas anuales. Los aitas y amas deciden cómo queremos funcionar. Las cuentas están totalmente controladas, lo llevamos haciendo toda la vida», destaca su director Aitor Pegaldai. En el caso de las ikastolas, hay que añadir el pago por cooperativismo. Esta cuota se entiende como algo cultural y, tal y como recuerda Sukia, supone un «porcentaje simbólico de en torno al 1% de la financiación total». Se tratan de pagos mensuales que oscilan entre los 20 y 160 euros, además del inicial para la matriculación. Para poder entrar, exigen a las familias hacerse socias y tienen que abonar hasta 1.500 euros a fondo perdido.

El módulo de concierto es la cantidad económica que recibe cada colegio por cada aula concertada y cada uno obtiene la misma. La asignación final depende del número de clases o de otras variables como la cantidad de escolares con necesidades especiales y la proporción de auxiliares que necesitan para atenderles. El Gobierno vasco ya ha comenzado a aumentar las ayudas y algunos centros han empezado a aplicar descuentos. Las rebajas mensuales oscilan entre el 10 y el 25%. «El incremento de los costes ha sido brutal. La factura de luz o gas se ha duplicado o triplicado en muchos casos y muchos centros han podido bajar algo sus tarifas, pero otros se han limitado a no subirlas», desliza uno de los máximos responsables de la red de ikastolas.

Sukia explica que de los 70.000 euros que cuesta al mes una aula de Infantil, 55.000 euros se destinan al gasto del personal docente y otros 15.000 a mantenimiento y funcionamiento. Esta última partida es la que ha crecido, en concreto un 25%, tras la última renovación del concierto. «Supone dinero, pero nos están vendiendo una rebaja que no es para tanto», agrega.

Ahora la gran incógnita es saber cuándo se concederán los fondos que faltan para costear cada plaza escolar en la concertada. Los agentes educativos vinculados a esta red educativa coinciden en pedir al Gobierno vasco que defina los plazos. «De eso no se ha hablado nada. Se dice de que son 290 millones de euros anuales, pero me extraña que pueda ser de un año para otro. Nos gustaría que nos dijeran si alcanzar esa cantidad va a durar cuatro, cinco o seis años».