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Los colegios concertados vascos no ocultan que tienen que cobrar cuotas de tipo educativo para cuadrar sus cuentas anuales. Y tampoco los problemas económicos a los que hacen frente ante el desplome de la natalidad, que ha reducido las matriculaciones en Infantil hasta en un ... 25%, y al aumento de los costes de luz y calefacción por la escalada desorbitada de la inflación desde comienzos de este año.
Los gestores de los centros de titularidad privada, aseguran a este periódico, se las tienen que ingeniar para buscar fuentes de financiación alternativas porque el módulo de concierto no sirve para completar el presupuesto. «Alquilamos la capilla para celebrar cumpleaños u otros eventos para poder sobrevivir. También el polideportivo, que es nuestro, para competiciones», explica Alfonso Blázquez, director de Santamaría Ikastetxea, en Portugalete.
Con la subvención pública anual que reciben sufragan, además del coste de la plaza escolar, el gasto de personal y parte del servicio de mantenimiento. Pero no todo. Y este punto engloba numerosos aspectos. Se antoja como uno de los elementos principales de fricción con el Gobierno vasco en el rediseño del régimen de concierto. Actualmente, si el centro necesita realizar una inversión para una obra estructural -la reforma de un tejado, la renovación del sistema de calefacción o de los dispositivos informáticos para el profesorado, entre otros-, la financiación pública no lo cubre.
Está por ver qué ocurrirá en el futuro con la nueva ley. «En la pública son los ayuntamientos o el Gobierno vasco los que sufragan estos costes mientras que aquí tienen que ser las entidades titulares de cada centro. La gratuidad real que se pretende conseguir impone dar respuesta a este asunto. Si la única financiación de los centros va a ser pública, deberán ser las instituciones las que hagan frente a todos los costes», apunta este profesional del sector educativo.
En este sentido, el director de la ikastola Lauaxeta, Aitor Pegaldai, reconoce que, mientras para cubrir todos los gastos de personal bastaría con aumentar la financiación pública un 20%, las ayudas de la Administración aún están muy «lejos» para cubrir todas las cuestiones de mantenimiento.
Cabe recordar las críticas de los sindicatos y de la escuela pública porque consideran que la equiparación de ambas redes va a favorecer a la concertada, que son centros privados, que se rigen por sus propias normas y cuyos profesores no superan una OPE. José Luis Sukia, director general de Ikastolen Elkartea, advierte, sin embargo, que «no cobramos cuotas porque hace buen tiempo, sino porque no hay más remedio».
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