Bildarratz admite que sabía que su asesor tenía intereses empresariales en el transporte escolar

Bildarratz ha aseverado que Joanes Labayen, miembro del despacho Cuatrecasas y marido de la presidenta del Parlamento vasco, le comunicó personalmente que formaba parte del consejo de administración de Autocares Urpa S. L. Apenas unas semanas antes de que Labayen fuera contratado por el Departamento, esta firma se llevó quince lotes de un total de 65 adjudicados por valor de cuatro millones de euros.

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El dirigente nacionalista ha explicado, en una entrevista en Radio Euskadi, que fue el propio Labayen quien le aseguró que su situación mercantil no le suponía ningún conflicto de intereses. «Me lo transmite el propio responsable cuando yo me pongo en contacto. 'Que sepa, consejero, que estoy aquí (en Urpa), pero que no tengo ninguna incompatibilidad'. Y nosotros no vemos ninguna incompatibilidad, ya que lo que le demandamos en nada tiene que ver con el concurso ni con la relación que pueda tener con su empresa», ha señalado Bildarratz. «Que me digan en qué se ha visto beneficiada esta empresa... Toda esta situación me está sorprendiendo un poco», ha manifestado. El consejero, en cualquier caso, no ha desvelado si hubo algún informe jurídico u otro tipo de contraste interno que avalase la contratación de Labayen.

La versión ofrecida ahora por el consejero contradice la que hasta ahora venía sosteniendo su equipo. Incluso la presidenta del Bizkai buru batzar, Itxaso Atutxa, admitió el pasado viernes que «parece que Educación desconocía» la relación de su asesor con una empresa adjudicataria. No obstante, la máxima responsable del PNV vizcaíno aseguró que «hay unas reglas éticas, más allá de las legales, que limitan este tipo de participaciones». El lehendakari, Iñigo Urkullu, mostró su «preocupación» por lo sucedido y urgió a Educación a aclararlo todo «con la máxima celeridad». Bildarratz comparecerá, a petición propia, ante la comisión de Educación del Parlamento vasco.

Según el relato del consejero, Labayen fue contratado en agosto, cuando la mayoría de rutas de autobús escolar habían quedado desiertas tras un concurso en el que Urpa S. L. se hizo con quince contratos, uno de cada cuatro de los que se adjudicaron en Gipuzkoa. Labayen asesoró al Departamento para analizar cómo se podía garantizar el servicio de autobús en septiembre y, según ha podido saber este periódico, fue él quien planteó la posibilidad de obligar a las operadoras a sacar los autobuses mediante una orden de ejecución forzosa.

Durante esas semanas, Labayen trabajó codo con codo con Eneko Goenaga Egibar, jefe de los servicios jurídicos del Departamento, y le sustituyó en la crucial reunión con los transportistas el pasado 22 de agosto, en la que el Gobierno advirtió a las empresas de que podía obligarlas a prestar el servicio. Goenaga fue sustituido por Labayen porque se encontraba de vacaciones.