Educación adjudicó el 25% de las rutas escolares de Gipuzkoa a la empresa de uno de sus asesores

Educación sacó a concurso las 467 rutas escolares de los centros públicos de Euskadi. La inmensa mayoría de lotes quedaron desiertos. En Bizkaia no se presentó ninguna empresa; en Álava sólo se cubrieron el 17% de los itinerarios; y en Gipuzkoa, 65 de 139. Ante esta situación, Educación convocó a los transportistas a una reunión en Lakua el pasado 22 de agosto. En ese encuentro, el departamento ofreció a las empresas gestionar los mismos itinerarios que cubrieron el curso pasado por el mismo precio mientras se redactaban los pliegos para sacar de nuevo a concurso las rutas. Si las empresas se negaban, la consejería advirtió de que les obligaría a cubrir los itinerarios mediante una orden de ejecución forzosa. Algo que acabó sucediendo en el caso de Bizkaia y Álava.

Por parte del departamento acudieron al encuentro en Lakua, según consta en el acta, a la que ha tenido acceso este periódico, el viceconsejero de Administración y Servicios, Xabier Aizpurua; la directora de Gestión Económica, Ane Urkiola; el director de Infraestructuras y Recursos, Alfredo Ruiz; el asesor de comunicación, Aitzol Zubizarreta; y un asesor externo, Joanes Labayen.

Lo lógico, según confirmaron fuentes de Educación, habría sido que hubiera acudido el responsable de la Dirección de Régimen Jurídico del departamento para ofrecer asesoramiento legal. El director de este área es Eneko Goenaga Egibar, que llegó al cargo hace menos de un año procedente también del despacho Cuatrecasas.

Según explicaron las citadas fuentes, la consejería contrató de forma «puntual» los servicios de Labayen. Una práctica «habitual» para «analizar, compartir y contrastar puntos de vista jurídicos». Este abogado trabajó codo con codo con Goenaga Egibar. Al encontrarse el director del Régimen Jurídico «de vacaciones» cuando se celebró la reunión con los transportistas, en su lugar acudió Labayen. Cuestionadas acerca de por qué no estuvo presente un técnico de la Administración, las mismas fuentes señalan que Goenaga y Labayen «habían preparado la reunión juntos».

Labayen es miembro y secretario del consejo de administración de Autocares Urpa S. L., con sede en Andoain, que se presentó a los concursos para la adjudicación de 36 rutas. Esta empresa también estuvo representada por dos personas en la reunión entre el departamento y las operadoras. La compañía ganó quince de los 65 lotes guipuzcoanos que se adjudicaron inicialmente, por valor de más de cuatro millones de euros, al presentar la mejor oferta.

Posteriormente se llevó otros dos itinerarios tras la contraoferta planteada por Educación, ya que también había concurrido a esas rutas -de hecho, fue la única que presentó oferta- pero los pliegos se anularon por cuestiones técnicas. Por otro lado, Urpa S. L. se presentó a cinco lotes en los que compitió con Autocares Aldalur Anaiak S. L., otra empresa con sede en Azkoitia con la que comparte cuatro miembros del consejo de administración.

Autocares Urpa S. L. tiene como empresa matriz a Transitia, una conocida compañía con filiales que se dedican al transporte de viajeros por carretera, la construcción y gestión de aparcamientos y la concesión y explotación de infraestructuras. Transitia gestiona, por ejemplo, líneas de Bizkaibus y Bilbobus, la terminal ferroviaria de Pancorbo, la Supersur, los túneles de Artxanda...

Tras la reunión en Lakua, la mayoría de rutas de Gipuzkoa (el 98%) quedaron cubiertas. No fue así en el caso de las vizcaínas y alavesas. El departamento obligó a los empresarios a prestar el servicio pero éstos se negaron y 7.400 alumnos en los dos territorios se quedaron sin autobús en el arranque del curso. Ahora ambas partes han llegado a un acuerdo para prestar el servicio mientras, en paralelo, negocian mejoras en los pliegos del próximo curso.

Esta diferencia abismal entre la actitud de los empresarios guipuzcoanos y los vizcaínos y alaveses fue, precisamente, el motivo que llevó a Educación a acusarlas de operar como un cártel. Según explicó el consejero, Jokin Bildarratz, la consejería había reunido «indicios de delito» y anunció que depositaría estas pruebas en Fiscalía, algo que todavía no ha sucedido, aunque Competencia sí ha abierto una investigación.