La Autoridad Vasca de la Competencia abre expediente sancionador a las empresas de transporte escolar

El órgano ha notificado la apertura del expediente a las partes este viernes. La investigación se centrará en un posible acuerdo entre las empresas de transporte escolar para no presentarse a las licitaciones convocadas por el Departamento de Educación para el año escolar 2023-2024. La AVC considera que existen «indicios racionales» de una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.

No obstante, señala el órgano en un comunicado, la incoación de este expediente «no prejuzga el resultado final de la investigación». Los indicios racionales que motivan la investigación «son de carácter provisional». Se inicia ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.

La AVC es un organismo «autónomo», de carácter administrativo, adscrito al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, que desarrolla su actividad «con independencia orgánica y funcional». Tiene como finalidad promover, garantizar y mejorar las condiciones de libre competencia y transparencia en el mercado, respecto de las actividades económicas que se ejerzan en el ámbito territorial del País Vasco.

En paralelo a este proceso administrativo, el Gobierno vasco va a presentar la documentación que ha recopilado ante la Fiscalía que, si aprecia indicios de delito, podría derivar en un proceso penal.

Tras una semana de exposición pública y una rueda de prensa, los transportistas han decidido no realizar más declaraciones hasta que se resuelvan los expedientes. Un transportista, que pide el anonimato, lamenta que «es triste que las empresas renuncien a reivindicar sus derechos por miedo al Departamento».

La AVC se ha pronunciado en los últimos años sobre casos en los que varias empresas se asociaron para manipular adjudicaciones. El caso más sonado fue el del conocido como cártel de los comedores. Siete empresas se repartieron durante una década las adjudicaciones de los comedores de los colegios públicos de Euskadi. La AVC impuso multas por valor de 18 millones de euros que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco redujo meses después a 7,2.

En 2017, el organismo de control de la competencia multó a empresas del transporte de viajeros en Gipuzkoa por acordar los precios y repartirse las rutas. En esta ocasión, el expediente finalizó con multas de hasta 277.000 euros.