La creación de una unidad medioambiental de la Guardia Civil en Euskadi irrita al Gobierno vasco

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En el Gobierno vasco, sin embargo, consideran que la implantación de una unidad específica de delitos medioambientales de la Guardia Civil en Euskadi chocaría de frente con las atribuciones de la Ertzaintza. De hecho, portavoces autorizados del Departamento vasco de Seguridad afirmaron que este proyecto supone una «intrusión» y una «invasión competencial». Entre otras razones, porque los temas medioambientales -insistieron- son competencia de las diputaciones y del Gobierno vasco.

Los mismos medios añadieron, además, que el Ejecutivo autonómico no ha recibido «notificación oficial» de este proyecto. De hecho, apuntaron que este asunto tampoco fue trasladado hace unos días durante la comisión técnica de coordinación de las distintas policías que operan en Euskadi, una especie de escalón previo a las juntas de seguridad que reúnen a los máximos representantes del Ministerio del Interior y del Departamento de Seguridad. Este tipo de encuentros sirven para dirimir las posibles diferencias operativas y estratégicas que pueden surgir entre las distintas fuerzas de seguridad.

En todo caso, este asunto fue debatido hace varias semanas a nivel interno en una de las reuniones de los principales mandos de la Ertzaintza, donde se advirtió de que se había tenido conocimiento por «terceras» personas de que el Instituto Armado estaba creando un Seprona en Euskadi, «única comunidad» en la que no está operativo este servicio.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil insistieron en que no tienen «ningún interés» en que se genere un conflicto competencial. Pero insisten en que luchar contra los delitos medioambientales en el País Vasco es una competencia compartida con la Ertzaintza. Para ello se apoyan en lo establecido en la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que señala que el Instituto Armado tiene la obligación de «velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente». Una atribución que -insisten- se extiende también al País Vasco. Básicamente porque, según se recoge en el capítulo referente a las competencias de las comunidades autónomas, este asunto es de «prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

La idea de la Guardia Civil es trabajar de forma coordinada con la Ertzaintza en este sentido. Es decir, no pretenden realizar inspecciones rutinarias ni perseguir las infracciones administrativas, sino dedicarse a investigaciones de gran calado y que afecten a varios territorios. De hecho, esta unidad se llamará Eprona, Equipo de Protección de la Naturaleza. Se trata de un nombre muy similar al Seprona, pero que al mismo tiempo le diferencia de la unidad especializada de la Guardia Civil creada en 1988, que suele patrullar por los montes y los espacios rurales en motos y todoterrenos.

La Guardia Civil ya trabaja ahora en Euskadi la protección de la naturaleza y el medioambiente. Lo hace desde una perspectiva distinta a la que se pretende implementar. Ahora, básicamente persigue estos delitos a través de su unidad de Policía Judicial, que desarrolla su labor de la mano de los juzgados de instrucción y de la Fiscalía, y de los agentes que operan en el mar y en el aeropuerto.

De hecho, hace varias semanas desde la propia Fiscalía del País Vasco se puso en valor su trabajo en este ámbito. En concreto, se señaló que la intervención de la Guardia Civil ha resultado «decisiva» en el «inusitado número de asuntos relacionados con el tráfico de animales protegidos». En la memoria anual de los delitos investigados en 2018, la fiscal superior, Carmen Adán, se hizo eco de una serie de operaciones policiales en las que se incautaron desde un abrigo de ocelote hasta una lechuza común. También se intervinieron patas de elefante y tortugas 'testuda marginata' y 'mississipi'. Además, explicó que hubo una intervención en una lonja del partido judicial de Barakaldo, donde se ofertaban un león disecado y piezas de marfil.

En este contexto, grupos ecologistas y partidos de la oposición han pedido que se refuerce la unidad de delitos medioambientales de la Ertzaintza. El parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, propuso esta medida al entender que «sólo una parte ínfima de» de los delitos medioambientales son juzgados y castigados en Euskadi. Otero aseguró que los «ocho» agentes especializados en esta materia de la Policía vasca no son suficientes para hacer frente a este tipo de infracciones.