Llegar al confinamiento puntual de un municipio vasco para tratar de atajar los contagios, por mucho que su incidencia esté desbocada, es una medida extrema que, hoy por hoy, ni siquiera está encima de la mesa de Urkullu. «No he contemplado esta posibilidad», zanjó ayer ... el lehendakari durante su comparecencia posterior a la reunión del comité asesor del LABI en la que se adoptaron nuevas medidas que, en la práctica, y salvo los nuevos horarios y aforos, no van más allá de «reforzar y clarificar» el decreto de las mascarillas del Gobierno central.
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Ni confinamientos puntuales, ni toques de queda a la vista. Por mucho que, en algunas comunidades, como ayer mismo en Andalucía, la justicia haya dado finalmente el visto bueno al cierre de las localidades con una altísima incidencia. En su lugar, el Gabinete Urkullu ha optado por recurrir a la «autorresponsabilidad» y la «autolimitación voluntaria» -estos fueron los términos más repetidos ayer por el lehendakari durante su intervención- para que sean los vascos los que levanten un dique de contención contra el virus. Quedarse en casa de una de la madrugada a seis de la mañana o no reunirse más de seis personas no es más que un «llamamiento cívico», una «recomendación». No puede ser otra cosa más que eso, una petición.
una recomendación...
...y un aviso velado
Sin embargo, el lehendakari no fue tan sibilino a la hora de adelantar las consecuencias de no adoptar las medidas que se aconsejan. «Si cumplimos con todas las medidas que están en vigor es posible que podamos vivir mejores situaciones que la que estamos viviendo», destacó. «Pero si no cumplimos es cuando todo puede empeorar. Y si empeora es cuando estamos pensando en lo que pudieran ser los llamados toques de queda o los cierres perimetrales sobre los que no tenemos competencias», alertó.
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«Estas son medidas sobre las que no tenemos competencias, son cuestiones que hay que dirimir en los tribunales y cada uno tiene su propio criterio», destacó el lehendakari sobre la paradoja que supone que restricciones que sí son validadas por la justicia en algunas comunidades (Valencia tiene el toque de queda activo en 77 municipios y Cantabria, en 53) son tumbadas en otras como Navarra o Aragón, que recientemente han visto cómo sus tribunales rechazaban idénticas medidas.
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Precisamente Urkullu reconoció haber mantenido durante los últimos días conversaciones al respecto con sus homólogos en sendos gobiernos autonómicos «como antes los había tenido con comunidades como Cantabria y Castilla y León». Aunque el lehendakari evitó volver a pedir el estado de alarma -ya solicitó su prórroga en abril y no se le hizo caso, vino a decir-, sí se refirió a la necesidad de contar con un «marco común, con herramientas jurídicas garantistas» «Necesitamos un paraguas», insistió el lehendakari.
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