«Tiene la validez ética y política de que lo pide el máximo responsable de Euskadi»

Restringir la movilidad entre la una y las seis de la madrugada, la obligación del uso de mascarillas o los autoconfinamientos son «recortes de derechos fundamentales» y no se pueden hacer desde el Ejecutivo vasco, incide. «Si la autoridad competente no actúa, al lehendakari no le queda otra vía que, por una parte, apelar al Gobierno central para que tome medidas; y por otra, realizar estos llamamientos cívicos. Más no puede hacer», reitera Tajadura, a la vez que recuerda que el Tribunal Superior del País Vasco ya ha anulado decisiones del Ejecutivo autonómico en este ámbito.

Con el llamamiento que hizo ayer el lehendakari para que la población se «autolimite y autoconfine», está «mostrando a la ciudadanía su incapacidad para imponer una serie de restricciones y conductas y apela como último recurso al concepto de deber ciudadano y a su responsabilidad. Está pidiendo que seamos solidarios», valora Iñigo de Miguel Beriain, profesor e investigador del Departamento de Derecho Público de la UPV/EHU. Resalta también que las acciones 'voluntarias' de prevención contra la pandemia que reclamó ayer Urkullu no tienen ninguna validez jurídica.

De Miguel considera que cuando se hace un petición de este tipo a la población, en la que se apela a la responsabilidad individual e implica adoptar una serie de limitaciones en la vida de las personas, «debería ir acompañada de una información más comprensible y clara» para el ciudadano. «El lehendakari tendría que detallar los datos en los que se apoya para solicitar que se tomen esas restricciones, para que la gente comprenda las razones por las que son necesarias», añade.

El profesor e investigador de Ikerbasque es crítico con la forma en que se toman estas decisiones en plena batalla contra la pandemia. Censura que «en cuestiones de salud pública» no deberían dejarse estas iniciativas en manos de la voluntad de las personas, sino que «tendrían que tomarse medidas de obligado cumplimiento». Esas actuaciones, en su opinión, solo pueden partir del Gobierno central para que no exista el riesgo de que sean rechazadas en los tribunales.