Los acusados del verterdero de Zaldibar indemnizan a las familias con 2,7 millones

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Además, esta sentencia de conformidad puede tener una influencia decisiva en el otro procedimiento del 'caso Zaldibar' que sigue abierto: el que investiga los daños medioambientales que provocó el derrumbe. Son causas distintas, pero los hechos que se juzgan parten de la misma base. Este delito está penado con entre 6 meses y 2 años de prisión.

Tal y como desveló este viernes EL CORREO, el dueño del vertedero, José Ignacio Barinaga, la gerente, Arrate Bilbao, y el ingeniero jefe, Juan Elosegi, están a punto de aceptar una pena de 6 meses de prisión por el desplome, según reconocieron fuentes autorizadas de Verter Recycling. Este acuerdo debe ser ratificado ante un juzgado de lo penal. Lo que implica es que los investigados deberán aceptar su responsabilidad por el colapso de la instalación, indemnizar a las familias de las víctimas y pagar una multa. Según los mismos medios consultados por este diario, la sanción que deberán pagar al Estado asciende a unos 2.400 euros. Estaban imputados por un delito de homicidio imprudente y otro contra los derechos de los trabajadores, que en caso de llegar a juicio podrían conllevar penas de más de 4 años de prisión.

La indemnización que Verter va a pagar a las familias de las víctimas como la multa que tienen que afrontar los imputados (10 euros al día durante 8 meses) son las dos principales novedades que se conocieron ayer del pacto judicial que permitirá eludir la cárcel a los tres altos cargos de la escombrera. Este pacto de conformidad, que provocó una cascada de reacciones, implica que los imputados reconocen por primera vez una serie de negligencias que precedieron al colapso de la instalación.

Según diversas fuentes, el escrito de acusación de la Fiscalía que han aceptado los imputados recoge graves errores en la gestión de la escombrera, algunas de ellas recogidas en las conclusiones de la investigación de la Ertzaintza. Por ejemplo, se habla de que no se atendieron dos estudios realizados casi dos años antes del accidente que ya alertaron ya de importantes problemas de estabilidad en el vertedero de Zaldibar. Durante la instrucción también salieron a la luz unos informes que señalan a la «construcción» de la escombrera como una de las causas del derrumbe.

Otro de los puntos determinantes del desastre son las grietas que aparecieron en la escombrera del barrio de Eitzaga días antes de registrarse el colapso, de las que incluso alertó el propio Joaquín Beltrán. Los residuos, sin embargo, siguieron entrando hasta que el vertedero colapsó, enterró a Joaquín Beltrán y a Alberto Sololuze y provocó el mayor desastre medioambiental de la historia de Euskadi. Es decir, la instrucción judicial llega a la conclusión que los imputados tenían conocimiento de los problemas que tenía el vertedero y a pesar de ello no evitaron el desastre.

El cierre de esta vertiente del 'caso Zaldibar' provocó numerosas reacciones. El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero advirtió este vienes de que el acuerdo «no puede servir para esconder la responsabilidad» del Gobierno vasco en lo ocurrido.

Por su parte, Podemos Ahal Dugu exigió que se depuren todas las responsabilidades y denunció que el Gobierno Vasco «sigue sin asumir cualquier responsabilidad política en esta catástrofe». La Plataforma Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria anunciaron que seguirán «luchando» para saber lo que sucedió en el vertedero y depurar responsabilidades. En este sentido, recordaron que se presentan como acusación popular contra Verter Recycling por delito ambiental.