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La delegación del Parlamento Europeo que ha viajado a España para impulsar el esclarecimiento de los 379 asesinatos de ETA sin resolver se ha reunido ... con seis víctimas de la banda y con representantes de la AVT, Covite y la Fundación Víctimas del Terrorismo. El presidente de esta última, Tomás Caballero, reclamó «una legislación que de verdad incentive» la colaboración de los etarras para esclarecerlos. «Somos conscientes de que la única vía realista es la colaboración de los miembros de la banda terrorista. No pueden admitirse declaraciones de arrepentimiento ni condolencias que no pasen por una contribución efectiva a mitigar, siquiera mínimamente, ese dolor. Si de verdad quieren nuestro perdón deben facilitar el acceso a la justicia», ahondó.
Caballero esbozó dos alternativas. Hacer que esa colaboración de «quienes conocen los pormenores» sea «determinante para acceder a determinados beneficios penitenciarios» y, en el caso de «los asesinos que hayan cumplido condena sin haberse arrepentido», limitar su «derecho pasivo». Es decir, restringir la posibilidad de que se presenten a las elecciones.
Apenas se han logrado esclarecer sumarios en la última década. Se han dilucidado diez, según la Fundación de Víctimas del Terrorismo y 16 según la AVT. «Ninguno de ellos con la ayuda de miembros de la banda», recalcó Caballero, consciente de que los etarras juzgados «como mucho reconocen su propia participación a cambio de una rebaja de la condena».
La presidenta de la AVT, Maite Araluce, destacó que, desde 2011, «hemos revisado 508 procedimientos judiciales de los 604 incoados por 853 asesinatos». Así descubrieron que muchos se daban por resueltos «porque existía sentencia pero eran absolutorias o contra colaboradores». «En estos diez años se han reabierto 150 procedimientos judiciales, la mitad de los que estaban sin resolver», según Araluce. «No son necesariamente errores del sistema o incumplimientos del Estado de investigar. La víctima tiene derecho a una investigación eficaz, no necesariamente a una condena». «La mitad de estos casos se concentran en 1979 y 1980, cuando ETA atentaba cada tres días». La falta de pruebas, la necesidad de proteger a los investigadores y la muerte de los autores complicaban los avances.
Consuelo Ordóñez, de Covite, declaró que «el Estado de Derecho ha fracasado en impartir justicia efectiva a las víctimas. Más de la mitad no la ha tenido». Aludió a una profusa investigación de los casos no resueltos que muestra «desidia, errores policiales y negociaciones indecentes». Ordóñez recordó que «una sentencia no significa que esté resuelto» y pidió a la delegación de la UE «que cojan los sumarios de todas las víctimas, que una comisión especializada haga un informe por sumario y que se estudie el campo de los heridos, que no se ha analizado».
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