La misión de la UE pide aclarar los 379 crímenes de ETA sin resolver al ser «un derecho europeo»

Evren ejerció de portavoz del grupo y tras reconocer que «su dolor no se puede reparar», señaló que defenderán los derechos de las víctimas y harán recomendaciones 'ad hoc' a la Comisión Europea. «No deben quedar nunca al margen. Hay que colocarse en el lugar de los que no saben quiénes son los asesinos de sus familiares. Están frustrados y no pueden hacer el duelo. Merecen justicia y hay que seguir investigando», subrayó. También anunció que Francia seguirá los pasos de España y en 2027 abrirá en Suresnes un museo similar al de Vitoria.

Además de la popular Evren, la delegación que estos días visita nuestro país está conformada por el maltés Alex Agius Saliba, del grupo Alianza Progresista, el estonio Vlad Gheorghe, miembro de Renew Europe, y el conservador polaco Kosma Zlotowski. Les acompañan los eurodiputados españoles Dolors Montserrat (PP), Cristina Maestre (PSOE), Maite Pagazaurtundúa (Ciudadanos) y Jorge Buxadé, de Vox. Buscan «respuestas, escuchar y comprender». Todo comenzó con una queja presentada por el representante de la asociación Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias, con el que se reúnen hoy. También lo harán con mandos policiales, jueces del Supremo y la Audiencia Nacional y una decena de víctimas. Mañana verán al Defensor del Pueblo.

En Vitoria, la delegación europea recibió un informe confeccionado por los historiadores del Centro Memorial donde se calcula que «el 40% de los asesinatos de ETA posteriores a 1977 no han sido esclarecidos». Los autores materiales de esas muertes no han podido ser juzgados y los familiares de las víctimas han sufrido «una falta de justicia» desde entonces. La mayoría de estos casos se enmarca en los llamados 'años de plomo' de ETA, de 1978 a 1980, que dejaron insoportables recuentos de víctimas. Hubo 86 muertos en 1979 y fueron 93 en 1980.

Esa primera década tras el franquismo concentra siete de cada diez asesinatos sin aclarar y se convierte así en el periodo «con mayor impunidad». Los historiadores del Memorial, que dirige Florencio Domínguez, han analizado los motivos. Uno de los principales es «el terror de la banda sobre los ciudadanos», que hacía casi imposible investigar. «Se impuso la ley del silencio, el nadie ha visto nada».

La Guardia Civil sufrió 400 atentados, la Policía Nacional 297, los militares sumaron 165 y las policías locales y autonómicas 55. «La banda buscó aislar a los cuerpos de seguridad de los ciudadanos mediante ataques sistemáticos y pretendió obligarles a dedicar la mayor parte de su esfuerzo a la autoprotección en detrimento de la investigación. Hubo campañas específicas contra sectores de la sociedad acusados de colaborar con el fin de dificultar la investigación», concluye el documento entregado a la delegación comunitaria. Con todo, «los índices de impunidad de ETA se sitúan por debajo de otros grupos». Es notablemente más bajo en el caso de Irlanda del Norte (88%), en Córcega oscila entre un 60% y un 90% según la época y en Italia ronda el 80%.

Entre las otras causas que complicaron el esclarecimiento de los hechos se alude a fallos de comunicación entre órganos judiciales, destrucciones de sumarios, falta de medios policiales, la propia disolución de ETA político-militar que paralizó algunas causas y la falta de colaboración internacional. Aquí se menciona a Francia, que «comenzó a extraditar en la segunda mitad de los años 80», y algunos países latinoamericanos que eran refugio habitual de los etarras durante décadas.

¿Qué hacer con los casos ya prescritos? «Hay que partir de una realidad dolorosa para las víctimas y es que, en un número elevado de casos, no ha habido ni va a haber justicia». «Para aminorar ese daño», desde el Memorial abogan por «el derecho de los familiares a conocer la verdad, aunque sea de forma parcial y no judicial». Proponen que la Fiscalía pueda «autorizar diligencias de investigación» a petición de las familias y que esa información se recoja en un documento para los allegados.