Asociaciones de víctimas del terrorismo cargaron ayer contra la decisión del Gobierno vasco de dar al preso de ETA Mikel Otegi un permiso para ir al médico sin custodia policial. Covite, la principal entidad vasca de damnificados del terrorismo, ha mostrado su «malestar» al ... área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que lidera Nerea Melgosa. «No se trata de que sea legal, es que no es ético ni estético mostrar tanta confianza en un preso de ETA que no está arrepentido o que, al menos, no ha dado ninguna nuestra pública de ese arrepentimiento», denunció Consuelo Ordóñez. Mikel Otegi fue condenado en 2012 a 34 años de prisión por el asesinato de dos ertzainas, Iñaki Mendiluze y José Luis González.
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Ese permiso para ir desde Zaballa a Vitoria al odontólogo, que duró tres horas, fue concedido por la Administración Penitenciaria, un organismo dependiente del Departamento vasco de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Las Prisiones vascas son competencia de Lakua desde octubre de 2021, cuando se completó la transferencia. La posición del Ejecutivo de Urkullu respecto de este permiso es muy clara. Insisten en que la salida de un preso sin custodia policial está contemplada y prevista en el artículo 155.4 del reglamento penitenciario y «no es algo excepcional», según explica el juez Jaime Tapia, asesor penitenciario del Ejecutivo. Hay dos parámetros que juegan a favor de los reclusos de la banda. Lo que se valora es «que no haya riesgo de fuga ni de reincidencia». Esos dos supuestos, desaparecida ETA, no concurren.
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La legalidad parece haberse cumplido escrupulosamente pero las asociaciones de víctimas insisten en otro aspecto clave: la gravedad de los delitos. «Los crímenes que ha cometido en nombre de ETA son los delitos más graves de nuestro Código Penal». A juicio de la entidad que preside Consuelo Ordóñez, su salida de la cárcel sin policías «supone un escándalo totalmente injustificable y un agravio doloroso para las víctimas». Covite se pregunta si habrían hecho lo mismo con «un violador o un asesino machista» y añaden que «en condenados por delitos menos graves no les concedéis permisos de este tipo».
Covite ha escrito al viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz, para pedirle explicaciones. La entidad llega a expresar que la situación se antoja como «un trato de favor para alguien que no se lo merece porque no está arrepentido». Ordóñez enmarca la decisión sobre este permiso en la «laxitud» que percibe en el Gobierno vasco para la concesión de terceros grados.
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Desde la AVT explicaron que «estamos pendientes de tener una reunión con el Gobierno vasco para que nos explique si esta y otras informaciones que han ido saliendo en medios de comunicación relativas a otros presos de ETA están dentro de la legalidad o si por el contrario, se está dando un trato de favor a los etarras que cumplen condena en cárceles vascas».
Mikel Otegi asesinó el 10 de diciembre de 1995 en la localidad guipuzcoana de Itsasondo a los ertzainas Iñaki Mendiluze y José Luis González. Según la sentencia del Tribunal Supremo, que en 2012 le condenó a 34 años de cárcel, Otegi, militante de Jarrai, había tenido ese día un encontronazo con un ertzaina de paisano, al que golpeó y llamó «cipayo». Luego se fue de fiesta a un concierto y volvió a su caserío conduciendo a «excesiva» velocidad. Dos ertzainas le vieron al volante de forma extraña y le siguieron. Cuando los agentes acudieron a su casa para multarle, les disparó a menos de dos metros y por la espalda con una escopeta de caza.
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Tras el doble asesinato, cogió la emisora de radio de la patrulla y llamó a la comisaría: «Batasun, batasun. Para 1035. Un casero ha matado a dos cipayos por la política que seguís», les dijo. Después se dirigió a uno de sus vecinos: «Dos hijos de puta menos». Las víctimas eran Iñaki Mendiluze, natural de Zumarraga de 26 años que planeaba casarse, y José Luis González, vecino de Galdakao de 34 años cuya esposa estaba embarazada de siete meses.
Otegi fue detenido y juzgado por un jurado popular en San Sebastián. En marzo de 1997 el tribunal popular le absolvió al considerar que no era dueño de sus actos cuando disparó. También tuvieron en cuenta que «se arrepintió» y que sufría un trastorno psíquico consistente en «una personalidad propensa» a creerse acosado «por la Ertzaintza». Cinco días después Otegi fue puesto en libertad. Poco después el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el juicio y ordenó que se repitiera la vista oral. Para entonces había huido. Escapó a Francia, donde se incorporó a ETA. En 2003 fue detenido y condenado por pertenencia a banda terrorista. Tiene pendientes más de 10 años de condena por el asesinato de los dos ertzainas.
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El PP vasco ha presentado una batería de preguntas en la Cámara para ser respondidas por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa Vega. En concreto, el parlamentario Luis Gordillo reclama explicaciones por el permiso al preso de la banda terrorista ETA Mikel Otegui para que pueda acudir al dentista sin custodia policial. La historia fue desvelada ayer por este periódico. Gordillo pregunta cuántos permisos de salida extraordinarios otorgados al amparo del artículo 155 del Reglamento penitenciario se han concedido a internos de centros penitenciarios vascos desde el 1 de octubre de 2021 hasta este momento y de ellos, cuántos eran presos condenados por pertenencia a la banda terrorista ETA. También se interesa por si el Departamento de Seguridad tenía conocimiento de la salida de Mikel Otegi y si existe algún protocolo que regule las salidas de internos de los centros penitenciarios vascos. Asimismo, apunta que el artículo 155.4 recoge la necesidad de establecer «medidas de seguridad adecuadas» en estos casos, además de exigir un «previo informe médico». ¿Qué medidas de seguridad se han adoptado en este caso? ¿Disponía el Departamento del informe médico requerido?, pregunta Gordillo en el escrito presentado a la mesa del Parlamento vasco.
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