Urkullu y Barkos impulsan un foro para dar pasos sobre memoria, víctimas y presos

Al margen del solemne pronunciamiento de los dos presidentes, volcado en subrayar la «injusticia» del daño causado por ETA y reivindicar una memoria «crítica» con el pasado, los ejecutivos de Urkullu y Barkos oficializaron ayer el resultado del trabajo conjunto y discreto que han venido haciendo en los últimos meses con vistas al final definitivo de la banda terrorista. Según confirmaron fuentes de Lehendakaritza, se ha creado ya un grupo de trabajo intergubernamental integrado por el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y su homólogo en el Gabinete de Barkos, el historiador e investigador Álvaro Baraibar, director general de Paz y Convivencia. Ambos, acompañados de sus respectivos equipos, han asumido la tarea de impulsar y coordinar las distintas acciones conjuntas que, en materia de convivencia, han acordado impulsar los gobiernos vasco y navarro.

A corto plazo, su tarea más urgente será dar forma a un grupo de trabajo sobre política penitenciaria al que se incorpore también el Gobierno central y promover una declaración «crítica y global sobre el pasado que, incluyendo la violencia de ETA, sea compartida por primera vez por todas las fuerzas políticas». Una reflexión que obligaría a la izquierda abertzale a reconocer la «injusticia» del terrorismo etarra. Dos retos complicados, en un caso por la resistencia de EH Bildu a hacer autocrítica y condenar los crímenes de la banda y, por otro, por los recelos del Gobierno central a hacer movimientos en las cárceles pese a la disolución de la organización terrorista.

No obstante, y aunque aún no tiene ningún compromiso cerrado, el Gobierno vasco ve «factible» que el Ejecutivo de Rajoy pueda incorporarse a la mesa sobre presos, en línea con el convencimiento del lehendakari Urkullu, expresado esta semana, de que el presidente del Gobierno es «sensible» a un cambio en la política penitenciaria. La inminente convocatoria del pacto antiterrorista, anunciada ayer por el ministro Juan Ignacio Zoido, se interpreta también como una señal esperanzadora.

Ese foro a tres bandas debería, en principio, desarrollar los «consensos parlamentarios» que se alcancen en ese terreno en Euskadi y Navarra, aunque asume como «punto de partida» la necesidad de que los presos acepten las vías legales e individuales de reinserción, el acercamiento de los reclusos de acuerdo a la legislación ordinaria vigente y la aplicación de «criterios humanitarios» para presos enfermos, ancianos o con menores a su cargo. Logrados esos dos primeros objetivos, los dos ejecutivos se comprometen asimismo a impulsar juntos, ya a medio plazo, políticas de reparación de «todas» las víctimas, iniciativas para consolidar una memoria «plural y compartida» y «clarificar las vulneraciones de derechos humanos» cometidas en el pasado, así como planes de educación en derechos humanos.

Al margen de ese acuerdo, de gran calado político, los dos presidentes leyeron sendas declaraciones para lanzar el mismo mensaje, aunque cada uno en su estilo. El lehendakari repasó los sentimientos que le despierta la desaparición de ETA, «un hecho histórico y netamente positivo» que ha costado «mucho, demasiado tiempo» lograr. A ese «alivio y alegría», Urkullu sumó un reconocimiento expreso a las víctimas como «sujetos y partícipes principales de este logro democrático de la sociedad, sus instituciones, la política y los derechos humanos» y un reproche expreso a ETA por ignorarlas en su último comunicado. «ETA no ha sido capaz de expresar una palabra de rectificación dirigida a todas las víctimas», lamentó Urkullu, que quiso hacerlo en nombre de la sociedad vasca. «Utilizar la violencia y la violación de los derechos humanos como arma política fue un radical error humano, ético, político y democrático. Nunca más. Ni una sola de las víctimas de ETA debió producirse nunca», clamó el lehendakari, que agradeció a las organizaciones pacifistas su trabajo «en las más adversas condiciones».

Barkos insistió en denunciar la violencia «injusta e injustificable» de ETA y pidió que la memoria colectiva así lo recuerde, porque de ello depende que «lo ocurrido en el pasado no se distorsione o, peor aún, se justifique».