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Era el político a seguir. Allá por 2010, Alfredo de Miguel, Txitxo, acaparaba poder y cargos bajo las siglas del PNV. Ejercía de 'número dos' ... del partido en Álava. En lo institucional, cuando estalló el caso, era diputado foral de Administración Local, el 'número tres' de aquel Gobierno foral. Un cargo que le costó «mucho» aceptar en su momento y que sorprendió en su entorno, donde se le tenía por un hombre extremadamente discreto, más cómodo en labores de 'fontanería' que de proyección pública.
Compaginó su sillón en el Ejecutivo foral con el puesto de consejero en la Caja Vital y en el Parque Tecnológico de Álava, una de las ramas del mayor caso de corrupción en Euskadi. Considerado delfín de Iñaki Gerrenabarrena (entonces presidente del Araba buru batzar), construyó una red subterránea de compañías ficticias para «encubrir» el cobro de comisiones y contratos irregulares con «administraciones gobernadas por el partido en el que militaban». Para ese fin se apoyó en sus amigos y compañeros de formación Koldo Ochandiano y Aitor Tellería.
Tanto la Audiencia Provincial de Álava -que ya le condenó a un global de trece años y tres meses en diciembre de 2019 por catorce delitos vinculados a la corrupción-, como ahora el Tribunal Supremo dan por acreditado que el antiguo burukide y sus dos compañeros de ejecutiva usaron su «capacidad de influencia política en el PNV» para una lucrativa e ilegal maniobra de enriquecimiento. Sostenida en el tiempo, además, con la connivencia de varios de sus allegados, quienes figuran también en la larga lista de los ahora condenados de manera firme. Entre ellas, sus mujeres, quienes han recibido penas menores.
Debido a que el alto tribunal le absuelve del tráfico de influencias, su pena total se ha rebajado a doce años y cuatro meses. Esa variación a su favor no influirá en la condena real, que ya se verá si la cumple en la prisión alavesa de Zaballa o en la vizcaína de Basauri.
Porque de los catorce cargos ya confirmados sólo uno rebasa los dos años y un día entre rejas, la frontera para dormir o no en una celda. «En estos casos se aplica siempre el concepto conocido como 'la triple de la mayor', consistente en multiplicar por tres su mayor condena individual», ilustran fuentes del Palacio de Justicia de Vitoria, donde se le juzgó. De esta manera, los tres años que le cayeron por «asociación ilícita» se convertirán ahora en nueve.
Sin posibilidad real de recurso, estos mismos medios apuntan a «finales de enero o febrero» como las fechas más probables de su ingreso. Una nueva imagen de digestión complicada para el PNV, a escasos tres meses de las elecciones municipales y forales, y que será el remate a un caso prolongado por espacio de trece años ya que la detención de De Miguel y de sus cómplices tuvo lugar en marzo de 2010. Los ertzainas participantes en el operativo se enteraron de los objetivos pocos minutos antes de salir a por ellos.
Empleo en el Gobierno vasco
¿Y qué ha hecho De Miguel durante este periplo judicial? Tras su arresto, dimitió de todos sus cargos, aunque tardó casi un año en entregar su carné. Junto a su mujer, Ainhoa Bilbao, y sus hijos volvió a su Bizkaia natal en busca del anonimato.
A pesar del escándalo mayúsculo no le faltó trabajo. Intentó reincorporarse a la red de polígonos industriales. No fue admitido pero sí recibió una indemnización. Recurrió a la consultora IKT, donde se encontraba en excedencia y que ahora está integrada dentro de la fundación pública Hazi, dependiente del Gobierno vasco y dedicada al desarrollo del medio rural y litoral.
Dentro de este organismo ha llegado a realizar labores de representación en foros oficiales, ante la indignación de la oposición. Inhabilitado para «empleo o cargo público», el Gobierno vasco anunció ayer que ha dado orden para ejecutar su despido.
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