La subida salarial de los funcionarios vascos, congelada tras la retirada de los Presupuestos

El incremento salarial de los funcionarios de las comunidades autónomas en una competencia exclusiva del Gobierno central e incluso fue clarificado en una sentencia del Tribunal Constitucional. Así las cosas y sin un Presupuesto para 2019 que regule el gasto del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tampoco es posible dar cobertura a ese aumento en Euskadi, ni siquiera aunque el Gabinete de Iñigo Urkullu hubiese sacado adelante su propuesta. El incremento será idéntico al de 2018, lo que supone elevar los salarios el 1,5%. Todo apunta a que en este caso y con toda seguridad en algunos otros, el Gobierno central intentará aprobar una ley puntual -primero vía decreto para convalidarla más tarde en el Congreso-, para buscar una mayoría suficiente en asuntos 'sensibles'. Y a tan sólo unos meses de las elecciones municipales, la subida salarial de los funcionarios lo es. Esa cobertura del Estado puede propiciar que el Ejecutivo autónomo siga el mismo camino y busque apoyos en el Parlamento vasco para aprobar la subida de los funcionarios de Euskadi. Pero por el momento todo está en el aire. El propio consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, adelantó ayer que «el Gobierno adoptará medidas en los próximos días para minorar el impacto de la prórroga».

Al menos desde un punto de vista formal, la prórroga presupuestaria significa que el Gobierno tendrá que seguir la misma hoja de ruta de gastos que este año. Pero hay que tener en cuenta que aproximadamente el 80% del Presupuesto está decidido de antemano, podemos decir que es fijo y no acepta decisiones discrecionales. Y es que junto a los gastos necesarios para el funcionamiento de la Administración -salarios, consumo de electricidad de los edificios públicos, material de oficina y sanitario, etcétera- también suelen comprometerse las inversiones con un periodo de ejecución de varios años. Dicho de otra forma, no habrá que parar ninguna obra que ya esté en curso aunque, eso sí, no se podrán lanzar proyectos que se esperaban iniciar en 2019. Tampoco afecta lo más mínimo a las obras del Tren de Alta Velocidad porque, en realidad, el Gobierno vasco actúa en este caso por delegación de la Administración central, que es la que realmente financia la obra.

Hay muchas dudas de que peligre también el incremento del 5% comprometido en la inversión en programas de Investigación y Desarrollo, porque lo cierto es que la ejecución presupuestaria de los últimos años revela que el Ejecutivo tiene enormes dificultades para hacer efectivo todo el gasto previsto. Con ello, más que incrementar las partidas presupuestarias, el Gobierno puede hacer un esfuerzo para alcanzar una ejecución real de los créditos de que dispone en esta materia.

Otros elementos 'sensibles' del gasto público, como la RGI, tampoco corren peligro, ya que están formulados como partidas flexibles. Esto es, en la ley se hace una estimación del gasto que se va a realizar pero la realidad depende del número de beneficiarios que exista, de tal forma que se puede superar sin problemas la partida que está consignada en las Cuentas. Tampoco habrá problemas con la emisión de deuda, ya que el Presupuesto de 2018 contempla un margen para incrementar el endeudamiento en 300 millones que, casi con toda seguridad, no se va a utilizar. Para 2019 el Gobierno tampoco necesitaría en principio recurrir a un endeudamiento adicional.