La Junta de Portavoces de Barakaldo aprueba una moción crítica con la 'sentencia del euskera' y el PSE se ausenta

El PSE, socio de gobierno de los jeltzales, ha optado, por su parte, por negarse a participar en la votación, que ha calificado de «farsa». Los representantes socialistas, encabezados por su líder municipal, Alfredo Retortillo, han comunicado al resto de portavoces que no participarían en la sesión al no compartir el orden del día. De esta manera, han evitado posicionarse en un tema político que ha tensionado las relaciones entre el equipo de gobierno. Más tarde han valorado la declaración de «solemne impostura».

Entre tanto, la declaración aprobada defiende la «ingente labor» que se viene realizando tanto desde el Consistorio como el resto de instituciones públicas para lograr la normalización del euskera. «Con este fin reconocemos la legitimidad legal y la competencia de toda Administración Pública Vasca para establecer los perfiles lingüísticos y la preceptividad de los puestos de trabajo público, poniendo en el centro los derechos de la ciudadanía», detalla el documento aprobado durante la mañana. Además, alerta sobre la posibilidad de que el contenido de la sentencia «puede poner en cuestión el marco jurídico» que ha permitido avanzar durante los últimos años en la normalización del euskera, y muestra su temor acerca de que «se pueda revertir el trabajo» realizado. En el escrito también animan a participar en la concentración de este viernes, convocada por el movimiento euskaltzale de Barakaldo.

Desde el PNV, no obstante, han aclarado que no recurrirán la sentencia al entender el personal técnico y jurídico del Ayuntamiento que no hay base legal para ello, y han reiterado una vez más que el mantenimiento del trabajo del personal de las casas de cultura estaba garantizado.

El PSE ha condenado que la cláusula que originó el conflicto judicial, impugnada por la representación sindical al dar a entender a la plantilla que debían adquirir cierto nivel de euskera en el plazo de dos años, «supone debilitar la seguridad en su puesto de los trabajadores de las casas de cultura» al abrir la puerta a las empresas para despedirles con ese motivo. Por todo ello lo han calificado de «atropello de los derechos laborales». «Paradójicamente el servicio se ha negado una y otra vez a modificar la cláusula cuando se les ha requerido», han denunciado pasada la Junta de Portavoces. Por último han lanzado una reflexión sobre la concentración convocada para el viernes, al advertir que la defensa de este punto supone avalar un «menoscabo a los derechos laborales. Eso es algo que no podemos compartir», han zanjado.

EH Bildu, que ya había registrado una petición dirigida a la Alcaldía reclamando inicialmente que recurrieran la sentencia, ha señalado que comprenden ahora el rechazo a hacerlo al deberse a un «fallo en su redacción». Con todo, la coalición abertzale ha remarcado que el acuerdo aprobado «es de mínimos», y han calificado la sentencia de una «intromisión judicial» en la labor de la administración pública. También han pedido una reflexión sobre la medida, y han invitado «a imaginar que no se pudiera atender en un centro público a los ciudadanos en castellano». Por último han remarcado que lo ocurrido es también «consecuencia de años de privatización de los servicios por parte del PSE y el PNV».

Por su parte, Elkarrekin Barakaldo ha manifestado su apoyo a que la ciudadanía sea atendida en la lengua que desee, y ha aprovechado para criticar al equipo de gobierno por «haber hecho caso omiso al tejido asociativo euskaltzale y a su propio departamento de euskera y el del Gobierno vasco que se manifestaban en contra de las modificaciones realizadas».

El portavoz del PP en el Consistorio, Víctor Rodríguez, no ha podido acudir al encuentro, aunque ha trasladado de manera previa su rechazo a la declaración.

El pronunciamiento realizado esta mañana en Barakaldo ha encendido también los ánimos de CCOO, que ha definido como «vergonzante» la posición de no presentar recurso judicial, y al mismo tiempo reivindicar su legalidad a través de la declaración institucional. El sindicato ha reclamado al PNV que cumpla con la normativa consensuada de perfiles lingüísticos, y ha aprovechado para hacer un llamamiento al Gobierno vasco y solicitarle que retome el consenso transversal y plural en la definición de la política lingüística. Así han alertado del proceso que está «dinamitando» los consensos en la materia, y ha vuelto a tender la mano para reconducir esta deriva y renovar los pactos transversales derivados de la Ley del Euskera, «hoy crecientemente incumplidos», han añadido.

En CCOO han advertido además que los trabajadores señalados en la sentencia se veían obligados a aprender la lengua bajo amenaza de despido, incluso en puestos sin relación con la ciudadanía, sin ayudas, planificación, ni negociación laboral. En lugar de una proporción del 30% para Barakaldo, desde el sindicato han apuntado que la licitación exigía el estudio de la lengua al 100% de los trabajadores en un municipio que, según los índices de Eustat del 2021, tiene un uso declarado del euskera del 8,5%.